Por J. ALMODÓVAR
CHIHUAHUA CHIH.- En un esfuerzo por cumplir con los compromisos del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, las autoridades mexicanas han anunciado que abrirán la Presa Luis L. León, conocida como “El Granero”, durante el ciclo pluvial de mayo a octubre de 2025.
La medida forma parte de las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para reducir el potencial faltante en las entregas de agua del Río Bravo, que en los últimos tiempos había enfrentado niveles históricos de déficit.
En un documento oficial emitido el día de ayer, 29 de abril de 2025, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente señalaron las medidas que se tomarán para cumplir con el Tratado de Agua mantenido con el país vecino.
El objetivo principal es garantizar la transferencia de entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua hacia Estados Unidos, en cumplimiento del acuerdo del tratado, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni el ciclo agrícola. Para ello, también se utilizarán otras fuentes como la Presa Internacional La Amistad, seis tributarios mexicanos del Río Bravo, y de manera extraordinaria, el Río San Juan.
Las autoridades mexicanas han señalado que estas acciones son menores en comparación con las realizadas en ciclos anteriores, como el ciclo 27 (2002-2007), donde las transferencias fueron mucho mayores para cubrir déficits históricos. La apertura de “El Granero” es una de las medidas clave para mitigar el déficit actual y cumplir con los compromisos internacionales en un escenario de baja precipitación y menor disponibilidad de agua en la cuenca del Río Bravo.
Las decisiones se toman tras análisis técnicos que aseguran que las reservas de México para el consumo humano y la agricultura se mantengan protegidas. Además, se realizarán reuniones anuales para evaluar las condiciones del sistema acuífero y ajustar las acciones futuras en la gestión del recurso hídrico.
Estas medidas reflejan el compromiso de México por cumplir con los tratados internacionales y garantizar el uso sustentable del agua en la región, evitando una crisis hídrica que podría afectar a ambos países en los próximos años, justificó el gobierno federal.
Hasta el momento ninguna autoridad estatal ha emitido algún posicionamiento al respecto.
