AGENCIAS
CDMX.- La organización Propuesta Cívica expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que Hugo Amed Schultz, exalcalde de Chínipas, Chihuahua, quien fue sentenciado a ocho años de prisión por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, pueda recuperar su libertad después de cumplir únicamente cuatro años privado de la libertad.
El día de mañana, martes 6 de mayo, tendrá lugar en el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, una audiencia en la que se analizará otorgar la libertad condicionada a Hugo Amed Schultz, advirtió Propuesta Cívica en un comunicado fechado este día desde la capital del país.
La organización ha tenido conocimiento de una campaña mediática que busca sembrar dudas con respecto al papel de Amed Schultz en el asesinato de Miroslava, posiblemente con el objetivo de influir en la decisión sobre su libertad condicionada.
Propuesta Cívica subraya que la responsabilidad penal de Amed Schultz no será materia de discusión en la audiencia y tampoco existe duda alguna sobre su responsabilidad penal. Sobre la cual ya pesa una sentencia firme resultante de su propia admisión de responsabilidad.
Cabe señalar que la pena por homicidio en el estado de Chihuahua es de diez a 25 años, la actual sentencia de ocho años es en sí una sentencia reducida, debido a que Amed Schultz confesó su plena responsabilidad penal. De otorgársele la liberación condicionada, Amed Schultz habría cumplido únicamente cuatro años de privación de libertad.
El asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodista reconocida por sus investigaciones sobre corrupción y narcopolítica, tuvo un profundo impacto social y constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y la democracia. Hugo Amed Schultz fue el primer actor político condenado por el asesinato de una periodista en México.
La organización confía en que el tribunal valorará debidamente la trascendencia de este crimen—perpetrado en uno de los países más letales para la prensa—y adoptará una decisión que garantice justicia y que salvaguarde los intereses y la seguridad de las víctimas indirectas.
