AGENCIAS
CDMX.- Un audio difundido recientemente ha encendido las alertas en el ámbito político nacional. En la grabación —cuya autenticidad aún no ha sido confirmada— se escucha una conversación entre el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la que se discute una posible estrategia para exhibir públicamente al también exmandatario chihuahuense, César Duarte, por el presunto uso indebido de una concesión de agua.
De acuerdo con el audio, Corral informa a Adán Augusto sobre la existencia de un permiso de aprovechamiento de agua otorgado en 1942 al padre de Duarte, el cual —según afirma— continúa vigente y permite la extracción de hasta 700 mil metros cúbicos anuales. Aunque reconoce que no hay un delito como tal, propone que podría construirse un escándalo mediático argumentando que se trata de un “robo de agua”.
Durante el intercambio, Adán Augusto muestra inicialmente escepticismo ante la propuesta, sin embargo, Corral insiste en que ya cuentan con un estudio técnico elaborado por Juan Carlos Loera, exdelegado federal en Chihuahua, el cual sería presentado como una denuncia ciudadana ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A partir de ello, señala Corral, podría construirse una narrativa de corrupción, acaparamiento y saqueo de recursos naturales.
La grabación no detalla la fecha exacta de la conversación ni ha sido validada por autoridades o los involucrados. Hasta el momento, ni Javier Corral ni Adán Augusto López han emitido declaraciones públicas sobre el contenido del audio.
El contexto político en Chihuahua ha sido históricamente tenso, especialmente tras la detención y extradición de César Duarte, quien enfrenta múltiples acusaciones por presunto desvío de recursos durante su administración. La revelación de este material podría reavivar divisiones internas dentro de Morena y del círculo cercano al presidente López Obrador.
Mientras tanto, expertos en derecho y analistas políticos señalan que, de confirmarse la autenticidad de la grabación, se trataría de un grave intento de instrumentalización política de instituciones federales, como la Conagua, con fines partidistas y personales.
