- En Puebla y Campeche se persigue y encarcela al periodista libre
Por José Luis JÁQUEZ BALDERRAMA
CHIHUAHUA CHIH.- La libertad de expresión y el derecho a la información, son temas que pasan por un proceso peligroso en México, ya que se legisla sin medir las consecuencias. El primer paso ya se dio en Puebla y Campeche.
El poder legislativo, en manos de la “cuarta transformación” borró de golpe y porrazo la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de pasada desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Y siguen los organismos estatales. Un retroceso democrático.
En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ( desde 1948) establece que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye a no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
En cuanto a la legislación en materia de medios, concretamente en Campeche y Puebla se está confundiendo a la sociedad, pues tal parece que la intención de los gobernantes, es controlar la información; perseguir a la prensa y periodistas libres.
La libertad de prensa se concibe como el derecho de nuestros pueblos a ser oportuna y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos.
En Campeche, un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de la Organización Editorial del Sureste, supuestamente por “incitar” al odio contra la gobernadora del estado
Mientras que el Congreso del estado en Puebla aprobó la ley de Ciberseguridad, conocida como la “ley censura” la cual contempla cárcel de hasta tres años a quien emita insultos u ofensas en redes sociales.
El gobierno poblano ya publicó la ley en el Periódico oficial del estado y “oficializo” un nuevo delito en su Código Penal: el ciberasedio o ciberacoso. Esto ya prendió las luces rojas entre periodistas mexicanos y varios organismos internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Sociedad Civil México, que han considerado que la nueva disposición podría ser utilizada para reprimir la libertad de expresión.
Ernesto Villanueva, investigador de la UNAM y articulista de la revista Proceso señala: “En suma, Puebla no legisla para proteger. Legisla para controlar. El discurso contra los ciberdelitos es solo apariencia. Detrás hay una ley pensada para castigar al disidente, no al delincuente”.
En Puebla se han aprobado reformas al Código Penal de esa entidad federativa para, supuestamente, combatir ciberdelitos. El discurso suena moderno: proteger a las personas frente a nuevas violencias propias del ecosistema virtual. Pero el contenido revela otra cosa. No es el “qué” lo que preocupa, sino el “cómo”. Especialmente cuando el poder estatal ha sido acusado de estigmatizar, perseguir y presionar a periodistas críticos —como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta— con frases que harían ver moderado al propio expresidente López Obrador (https://acortar.link/tFxOHa). Lo que hay detrás es inquietante: una forma de gobernar que socava la palabra pública, empobrece el debate y avanza hacia el control autoritario.
“No hay respeto por la Constitución. No hay comprensión del entorno digital. No hay tolerancia a la crítica. Esto no es una reforma penal ajustada a derecho. Es una advertencia. Y frente a eso, guardar silencio no es neutralidad: es rendición” enfatiza Villanueva.
El ejercicio de las libertades de expresión y de información es fundamental en el hombre porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicios sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad. ¿Y usted qué opina?
