La Columna
- Alfonso Romo: vinculado a institución acusada de lavado de dinero
Por Carlos JARAMILLO VELA
CHIHUAHUA CHIH.- De manera astuta, el gobierno de Estados Unidos planeó y ejecutó el ataque realizado contra Irán la noche del sábado 21 de junio. Desde que el pasado 16 de junio el presidente Donald Trump anunció su retiro anticipado de la Cumbre del G7, que ese día iniciaba en Canadá, generó especulaciones sobre la posibilidad de un ataque estadounidense contra el territorio iraní.
La explicación que dio Trump para justificar su regreso anticipado a Washington hizo evidente la prioridad que puso por encima de la Cumbre. El motivo fue una reunión de emergencia que sostuvo esa noche en el “Situation Room”, de la Casa Blanca, con su gabinete de seguridad, para analizar el conflicto Israel-Irán y determinar si Estados Unidos participaría o no en apoyo a su aliado, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.
Al día siguiente de la reunión, el presidente Trump declaró que aunque Estados Unidos sabe perfectamente dónde se esconde el líder iraní, Ayatolá Alí Jamenei, por el momento no pensaba atacarlo, pero advirtió que éste “es un blanco fácil”.
Tres días después de la estratégica reunión efectuada en la Casa Blanca, Trump volvió a anunciar, a través de su vocera, que continuaría analizando el conflicto durante los siguientes 14 días, para posteriormente dar a conocer si Estados Unidos intervendría o no en el mismo. El plazo no se cumplió, ya que 48 horas después de éste anuncio, es decir, al quinto día posterior al cónclave de seguridad, aviones especiales estadounidenses lanzaron potentes bombas contra bases nucleares de Irán.
Trump engañó a todo el mundo. Tomó por sorpresa a China y Rusia, quienes decidieron no tomar parte en el asunto a pesar de ser aliados de Irán. La operación fue temeraria, pues el ataque de Estados Unidos pudo haber desatado una conflagración mundial. Finalmente Irán e Israel pusieron fin a su guerra, y Estados Unidos se colocó como el factor de solución. Hábil y arriesgado resultó el plan de Trump.
Las acusaciones y señalamientos realizadas por el Departamento del Tesoro, de los Estados Unidos en contra de las instituciones bancarias mexicanas CIBanco Intercam y Vector, por presuntas operaciones de lavado de dinero, han afectado la imagen internacional de nuestro país y su actual gobierno.
En una primera instancia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha reaccionado afirmando que sin pruebas contundentes no se puede actuar contra dichas entidades. Sin embargo, envió a la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que intervinieran a dichas entidades financieras. ¿Por qué lo hizo si “no existen pruebas”?
Esta respuesta es clásica en ella y también era común en su antecesor inmediato, Andrés Manuel López Obrador. Pero en virtud de la credibilidad del Tesoro estadounidense, así como debido a la expansión de las actividades ilícitas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sería extraño que tales instituciones financieras se encuentren involucradas en operaciones ilegales.
Por lo tanto el sentido común y la ética aconsejan que al menos, el gobierno mexicano, con base en las facultades legales de las que dispone, investigue a las instituciones cuestionadas.
Incluso, una de ellas, Vector, fue fundada por Alfonso Romo, personaje cercano a López Obrador, y que al inicio del mandato de éste fue su jefe de la oficina de la Presidencia de la República.
¿Acaso Sheinbaum pretende proteger a Romo?. Por lo pronto el diputado Ricardo Monreal, también fiel seguidor de AMLO, ha salido a defender públicamente la honorabilidad de Romo, al que además califica de “patriota”. ¿Será este otro escándalo que desgaste las imágenes de Morena y Andrés Manuel López Obrador?
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
