EN CHIHUAHUA, y seguramente también en el país, el año cerró como muchos otros: con la inseguridad y la violencia en una especie de coexistencia que no debería ocurrir, pero que por desgracia sigue siendo una constante.
El estado de Chihuahua cerró con dos mil 345 muertes violentas, el 99 por ciento relacionadas con grupos delictivos. La cifra oficial continúa siendo muy elevada y muy similar a la de años anteriores, pese a que en cada rueda de prensa la Secretaría Estatal de Seguridad Pública insiste en que los homicidios de alto impacto van a la baja.
La realidad demuestra que el delito considerado como el más grave sigue presente en la cotidianidad y, aunque no es deseable, se está normalizando.
De acuerdo con la estadística oficial, el 60 por ciento de los homicidios se registraron en Ciudad Juárez; Chihuahua capital concentró el 28 por ciento y el restante 12 por ciento corresponde a la región serrana, donde Cuauhtémoc, Guachochi y Guadalupe y Calvo encabezan los registros.
Otro año violento en el que Chihuahua, como entidad, pasó del quinto al segundo lugar nacional en materia de inseguridad y violencia. Del llamado top cinco no ha logrado salir.
Cada semana se realiza la Mesa Estatal de Seguridad, que por cierto ya hasta se ha vuelto itinerante, pero los resultados siguen siendo los mismos. La estadística gubernamental así lo demuestra.
Desde luego, la inseguridad no es la única preocupación que enfrentan los chihuahuenses. La carestía y la crisis en salud también están presentes. No obstante, la violencia sigue marcada como la preocupación número uno.
AÚN NO SE sabe el día exacto, pero seguramente será en la primera semana de enero cuando el Gobierno del Estado aplique un incremento del 3.7 por ciento en las casetas de peaje existentes en la entidad.
De hecho, la Secretaría de Hacienda estatal sólo está en espera de que el Gobierno federal autorice la solicitud de aumento para que se convierta en un hecho.
Este incremento sin duda impactará de manera directa en los precios de productos y servicios. Es un efecto similar al que provocan los aumentos a los combustibles, que desencadenan otras alzas en cascada.
La justificación de Hacienda estatal es que se trata de un ajuste inflacionario, esa retórica oficial estatal y federal que intenta esconder que, en realidad, se trata de un aumento y punto.
Con toda simpleza, se culpa a la inflación, cuando desde los propios gobiernos, especialmente el federal, se genera inflación mediante este y otros incrementos y nuevos impuestos.
POR CIERTO, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, casi juró sobre la Biblia que las gasolinas, el gas y el diésel no sufrirán incrementos durante el año que inicia.
Tampoco habló de un ajuste inflacionario, como ahora se estila; simplemente aseguró que no habría alza en los combustibles.
El pequeño problema es que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ese que algunos llaman el invento del siglo, sí tendrá un incremento del 4.7 por ciento.
Sheinbaum asegura que los combustibles no subirán, pero la pregunta obligada es quién absorberá el incremento al IEPS.
Es evidente que el gobierno no, pues es quien aplica el alza. Por lo tanto, sólo quedan dos opciones: los gasolineros o el consumidor. El primer pronóstico del año es que serán, como siempre, los consumidores.
