Los grupos en pugna, en este caso los seguidores de la “Cuarta Transformación” y los que afirman que el “INE no se toca” se confrontan en la calle, en los medios de comunicación y ahora en los tribunales. Afortunadamente, la sangre no ha llegado al río. Rezamos porque esto no ocurra jamás.

El 15 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó por 261 votos a favor y 216 en contra, el “Plan B” que integró las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM).

Entre los cambios, destaca la “flexibilización” de reglas para la conservación del registro a los partidos políticos; la posibilidad de que los legisladores busquen la reelección sin pedir licencia al cargo, además de que recibirán su “jugosa dieta” y demás apoyos.

Se busca fusionar diversas áreas del INE, reducir la estructura de las juntas distritales; quitar “poder” a los organismos públicos locales (OPLES) así como a los tribunales estatales electorales.

Se contempla la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, lo que significa la liquidación de unos 6 mil trabajadores expertos en materia electoral y bajar los sueldos de consejeros y altos directivos. Se “descobijará” al INE del personal especializado.

Y por si fuera poco, existe la iniciativa para modificar la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sobre este punto, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, ya interpuso ante la SCJN una controversia constitucional. Considera una invasión a las esferas competenciales.

Los diputados y senadores de la oposición acusaron venganza de la 4T, ante la marcha para defender al INE del 13 de noviembre del año pasado y el rechazo que se dio a la reforma constitucional. Por cierto el domingo 26 de febrero habrá otra movilización denominada #mi voto no se toca.

Para el árbitro electoral, la reducción de recursos humanos prevista en el “Plan B” pone en riesgo la organización de las elecciones de este año y de 2024. Es una regresión al “oficialismo”.

Ante la incertidumbre de cómo quedará la nueva ley electoral, pues arreciaron las controversias constitucionales en la SCJN, los partidos políticos y alianzas preparan “sus armas para una nueva guerra”, las elecciones del domingo 2 de junio de 2024. Las de mayor alto riesgo debido a la “polarización” política.

Se elegirá al que será el presidente número 66; los 128 senadores y 500 diputados federales; ocho gubernaturas y la jefatura en la Ciudad de México. Y 30 congresos de los estados.

En el 2023 habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila. En estos estados siempre ha gobernado el PRI.

México ha registrado ocho grandes reformas electorales, la de 1977, la de 1986, la de 1989-90, la de 1993, la de 1994, la de 1996, la de 2007-2008 y la de 2014. Todas han surgido de la oposición, pero ahora la promueve el Ejecutivo federal, que es objeto del enfrentamiento de grupos de poder.

En esta semana, López Obrador atacó fuertemente a los consejeros del INE (que también promueven una controversia constitucional) y de pasada arremetió contra los ministros de la Suprema Corte. “No dejó títere sin cabeza” durante la Mañanera.

De cara a las elecciones de 2024, el panorama político es desalentador en nuestro país. Y lamentablemente no parece tener un punto de acuerdo, con el fin de no afectar la encomienda del órgano electoral encargado de organizar elecciones libres, limpias y confiables para la ciudadanía. Es la “guerra por el voto”…

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