Aunque hay gobernantes dictatoriales (en Cuba, Venezuela y Nicaragua) que ya cerraron todos los medios independientes y expulsaron a periodistas, escritores, empresarios y líderes críticos. Hoy se defienden desde los Estados Unidos, donde recibieron asilo político.

El tema de “lawfare” fue parte de la discusión entre los periodistas que asistieron el pasado 3 de mayo con motivo al Día Mundial de la Libertad de Prensa, a la sede del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York.

Es muy común que malos gobernantes utilicen aspectos de la ley que parecen no tener nada que ver con el ejercicio periodístico, como cuestiones fiscales, créditos, amistades, financiación extranjera, para castigar a los periodistas y ocultar su trabajo.

México no escapa de este fenómeno. Se ha “estrangulado” a empresas cuando atraviesan por crisis económica a raíz de una deuda bancaria o fiscal. Y quién no recuerda el “control y castigo” a medios impresos críticos mediante la única empresa oficial para vender papel periódico, la famosa Productora e Importadora de Papel, ya desaparecida.

A principios del presente año, en primera plana del influyente periódico The New York Times se publicó un reportaje donde se refleja la lamentable situación por la que atraviesa el periodismo en México: “Es un país donde las amenazas y asesinatos brutales de periodistas son casi una rutina”.

Julie Posetti, vicepresidenta adjunta de Investigación Global del Centro Internacional para Periodistas ICFJ, fue tajante al señalar: “No son sólo los periodistas los que pagan el precio de la persecución selectiva, también se persigue a directores y editores”. El daño es a toda la nación.

El ICFJ es una organización profesional sin fines de lucro ubicada en Washington, D.C., que promueve el periodismo libre en todo el mundo. Y desde 1984, se ha trabajado directamente con más de 70,000 periodistas de 180 países.

Regresando al caso de Guatemala, al editor y ganador del Premio Internacional de Periodismo Knight del ICFJ, José Rubén Zamora, le aplicaron sin miramientos el “lawfare” pues lleva más de nueve meses en prisión por supuestos cargos de blanqueo de dinero. El gobierno descubrió que la herramienta más eficiente para reprimir al periodismo es el derecho penal.

“El Periódico” dejó de imprimirse y opera en línea con pocos reporteros, quienes ya tienen la amenaza encima. El objetivo del gobierno guatemalteco, de acuerdo con José Zamora, hijo del periodista encarcelado, es triple: “Castigar directamente a mi padre, cerrar el periódico y enviar a todos los periodistas el mensaje de que el periodismo es un delito”.

En Nicaragua, la población se quedó sin un solo periódico impreso. “La Prensa”, fundado en 1926, fue clausurado por Daniel Ortega. Y ha detenido a 32 líderes opositores y decenas de políticos y activistas se encuentran en el exilio.

El “lawfare” (el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir opositores al gobierno en turno como periodistas) también fue condenado por la Sociedad Interamericana de la Prensa y que le ha funcionado a la “perfección” a gobiernos populistas y dictatoriales.

El panorama es desalentador para el periodismo libre, por lo que es prioritario ampliar la protección a través de los colegios de periodistas, abogados, sector privado, universidades, intelectuales, artistas y sociedad civil. No olvidemos que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. ¿Usted qué opina?

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