AGENCIAS
MIAMI.- La extradición de Estados Unidos a México del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, debe ser acogida por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al conflicto de intereses jurídicos entre la magistrada Myriam Hernández y el exmandatario, advierten en la entidad norteña.
El argumento de funcionarios, exfuncionarios estatales y federales que conocen la carpeta y argumento jurídico de la acusación de peculado, malversación de fondos y corrupción en contra de Duarte, lo alertan porque la magistrada argumentó en Estados Unidos para que no se diera la extradición del exgobernador, quien coincidentemente la hizo juez.
El 8 de noviembre pasado la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de Duarte; acusado de dispersar 6 mil millones de pesos en su estado.
Ante esa misma Corte, en donde desde el 8 de julio de 2020 se procesó el caso de extradición de Duarte debido a que fue detenido en Miami por pedido del gobierno de México, los conocedores del asunto sostienen que la magistrada Hernández defendió al exmandatario priista.
En diciembre de 2020 el equipo defensor de Duarte, integrado por Henry Bell, Armando Rosquete y Juan Morillo, presentó a la Corte los testimonios jurados de cuatro testigos para sostener que la acusación contra el exgobernador y el pedido de extradición no tenían fundamento.
Los tres abogados pidieron a la juez que se sellaran y no se dieran a conocer los testimonios ni nombres de tres de los cuatros testigos, debido que “era bien sabido que el gobierno de (el entonces gobernador panista) Javier Corral perseguiría a quienes defendieran a Duarte”.
Expuesto por los expedientes que son públicos del caso Duarte, al que se le asignó el número 20-2289-CR-LFL, el argumento de los abogados para resguardar por seguridad lo declarado y la identidad de los tres testigos es innegablemente un caso precautorio.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardara “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua.
“Tenemos conocimiento –comienza exponiendo a Proceso un alto funcionario de la FGR que, por tratarse de un caso abierto, pide el anonimato– que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano.”
El funcionario de la FGR no abunda, pero indica que, de ser el caso y de comprobarse este próximo 30 de diciembre, el asunto en Chihuahua se complicaría si, al ser extraditado, Duarte es procesado en el sistema judicial de la entidad que gobernó.
Un exfuncionario de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que conoce al dedillo los expedientes contra Duarte y que pide el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de la actual gobernadora, la panista Maru Campos, expone a este semanario el siguiente argumento judicial:
“Cualquier magistrada o magistrado que fungiera como testigo a favor de la defensa de Duarte quedaría automáticamente impedida o impedido para intervenir en el caso a nivel estatal y federal, porque eso implica ante la ley un conflicto de interés en favor del acusado”.
Medios de Chihuahua han manejado el argumento de que la magistrada Hernández, actual presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado (TSJE), por el hecho de que le debe favores a Duarte, quien la hizo juez, pondría en libertad al exgobernador.
La actual mandataria de Chihuahua fue acusada por su antecesor, Javier Corral, de haber estado en la nómina de pagos de corrupción que asignaba Duarte, señalamiento que fue pleito electoral este año en el PAN y negado ampliamente por la ahora gobernadora.
Corral quería que el candidato de su partido fuera Gustavo Madero y no Campos, quien finalmente fue la abanderada y triunfadora en los comicios. Campos se defendió de la acusación de haber recibido pagos de Duarte señalando que la difamaban por puro interés político-electoral.
“Siendo gobernador, Duarte dijo que iba a oxigenar al sistema judicial del estado y en 2014 promovió a Hernández para juez, junto a Flores Anguiano, por eso se les conoce como las magistradas oxigenadoras”, expone el exfuncionario del sistema judicial chihuahuense.
Otro de los nombres que se barajan en los círculos políticos y periodísticos de Chihuahua, de otro de los testigos que presentaron ante la Corte en Florida para oponerse a la extradición de Duarte, es el del también magistrado Luis Villegas Monte, a quien se le califica de ser un amigo cercano y operador de la gobernadora Campos.
“De ser este el caso, lo cual se comprobará en unos días, cuando la Corte libere los testimonios y nombres de los tres testigos, el caso Duarte por conflicto de interés debe ser eximido del proceso en el TSJE”, afirma el alto funcionario de la FGR consultado por Proceso.
Los cientos de páginas del expediente Duarte en la Corte de Florida no dejan en duda que, aunque sellados, los testimonios de los tres testigos anónimos fueron contra la posición del gobierno de AMLO en su pedido de extradición al gobierno estadunidense.
“Estos testimonios sustentan que la acusación de peculado de 2014 ya prescribió en el estado de Chihuahua y que es un argumento inválido del gobernador Corral contra el señor Duarte”, se lee en los documentos que transcriben los alegatos de los abogados del exgobernador.
Al final, la juez Louis desechó la argumentación del equipo de la defensa y falló en favor de la extradición a México de Duarte.
