LA DECISIÓN de la FIFA de cancelar 800 de las dos mil habitaciones que mantenía bloqueadas en la Ciudad de México para los primeros cinco partidos del Mundial 2026, encendió focos rojos en el sector turístico y, por extensión, en el Gobierno federal. Y el número podría aumentar en los próximos días.
El director de la Asociación de Hoteles capitalina, Alberto Albarrán, admitió que no existe una explicación oficial, pero la hipótesis que flota en el ambiente es inevitable: la inseguridad y la violencia que se han recrudecido en el país tras la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes.
El mensaje es delicado, porque cuando una organización como la FIFA ajusta logística a cien días de la justa, lo hace con base en análisis de riesgo, no en percepciones.
El temor es que el fenómeno pudiera replicarse en otras sedes mexicanas como Jalisco y Nuevo León.
Hasta ahora no hay confirmación de movimientos similares, pero el simple antecedente en la capital genera inquietud. La cancelación masiva de habitaciones “reservadas o bloqueadas” es, en términos diplomáticos, una señal preventiva; en términos políticos, un mensaje negativo al mundo.
A ello se suma la narrativa constante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los cárteles mexicanos terroristas y la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras políticas.
Esa antipublicidad internacional tiene impacto en decisiones corporativas y deportivas que evalúan reputación país y condiciones de seguridad.
No es la primera vez que la violencia incide en un Mundial. El de 1986 estaba asignado a Colombia, pero la crisis interna obligó a trasladarlo a México.
Hoy la historia parece invertirse. El Mundial 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, cualquier ajuste logístico abre la especulación sobre una eventual concentración mayor de partidos fuera del territorio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer las decisiones de la FIFA y prometió investigar. La respuesta es institucional, aunque el contexto parece explicar por sí solo el trasfondo: cuando la percepción de riesgo aumenta, los organizadores reaccionan. El negocio es enorme, eso no se puede dejar de lado.
LA UNIVERSIDAD Autónoma de Chihuahua anunció que el próximo lunes será día inhábil para todas las mujeres vinculadas a la institución.
La rectoría determinó trasladar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer -que se celebra el 8 de marzo- al lunes, debido a que la fecha cae en jornada sin actividades académicas y de ningún tipo.
El asueto aplicará para trabajadoras y estudiantes, incluyendo programas de intercambio. La intención es sumar institucionalmente a esta conmemoración.
Más allá de la forma, la decisión coloca a la universidad en la conversación pública sobre igualdad y derechos, en una coyuntura donde las instituciones buscan enviar mensajes claros de respaldo a las mujeres y desde luego a sus demandas que son legítimas.
Y HABLANDO de mensajes, cuando hay recursos y no provienen del bolsillo propio, la tentación de gastarlos sin mesura suele ser grande. Así parece operar la estrategia de la senadora Andrea Chávez en su abierta aspiración por la candidatura al Gobierno del Estado.
La legisladora ha desplegado una campaña de promoción personal que incluye miles de panfletos en la capital y otros municipios, destacando logros de la llamada Cuarta Transformación y colocando al centro su imagen junto a la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La narrativa es clara: proyectarse como la opción respaldada desde Palacio Nacional.
Sin embargo, desde la propia conferencia matutina, la presidenta ha marcado distancia al advertir sobre gastos anticipados y campañas adelantadas.
La pregunta que permanece en el aire es simple y directa: ¿de dónde provienen los recursos para una promoción de tal magnitud? La explicación de aportaciones empresariales resulta, cuando menos, insuficiente frente al volumen del despliegue. Y vaya que no son instrumentos que cuestan 10 pesos, en producciones de varios años.
