De la REDACCIÓN
CD. JUÁREZ.- En un giro judicial que ha conmocionado a la opinión pública, un juez federal ordenó este viernes la inmediata libertad de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, lugar donde en julio de 2025 fueron localizados cientos de cadáveres acumulados.
El Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió un amparo al imputado, cuya salida del penal estaba prevista para las 19:00 horas de este viernes. El fallo anula la vinculación a proceso que mantenía al dueño del establecimiento en prisión preventiva.
Argumentos del Juez: “Faltas administrativas, no delitos”
Para fundamentar su decisión, el juez Rivas Martínez determinó que los hechos imputados por la Fiscalía no encuadran en los tipos penales, sino que constituyen «irregularidades de carácter administrativo».
Entre los argumentos citados en la resolución se destacan:
• Ausencia de dolo: El juez consideró que el tratamiento dado a los cadáveres nunca implicó una intención de manipulación indebida o venta de los mismos.
• No hubo ocultamiento: Dado que el crematorio es un negocio de naturaleza privada y no pública, el juez razonó que no se puede hablar legalmente de ocultamiento de cuerpos.
• Vacío legal en tiempos: La autoridad judicial señaló que la ley actual no establece un plazo específico obligatorio para realizar la cremación de un cuerpo.
Una resolución atroz: FGE
El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, reaccionó con dureza ante la noticia, calificando la resolución como «increíble» y advirtiendo que no se ajusta a derecho, además de representar una ofensa grave para el dolor de las familias afectadas
«Me parece increíble la resolución, no solo por la magnitud del asunto que tuvo una repercusión internacional… Sorprende que haya jueces así. Evidentemente, esta resolución, desde mi punto de vista, ni se ajusta a derecho y es algo muy grave por la irresponsable y criminal actuación de esta negociación», declaró Jáuregui Moreno
El Fiscal anunció que interpondrán de inmediato un recurso de revisión para intentar revertir el amparo y que el proceso penal continúe, buscando que las cosas vuelvan al estado legal en que se encontraban antes de esta sentencia. «La voluntad de la Fiscalía es que quien hizo algo tan atroz, tan irresponsable y criminal, pague las consecuencias», sentenció.
