En nuestro país, la sociedad ha dado pasos importantes por romper el autoritarismo en el manejo de la información, pero ahora hay un “dique” en la fluidez informativa, concretamente en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

El INAI es un “organismo sin vida” al no tener a todos los consejeros en funciones, lo que ha provocado que unos 6 mil procesos ciudadanos estén congelados.

El grupo en el poder, ahora llamado la Cuarta Transformación, no tiene el interés de nombrar vía Congreso de la Unión a los tres nuevos consejeros pues el organismo ciudadano le es adverso o sea no les gusta que la sociedad se entere de cómo manejan los recursos en la administración pública.

El INAI y por supuesto la ley de acceso a la información pueden entrar en un letargo democrático. Y no hay para cuándo se solucione.

No podemos negar cambios trascendentes para avance democrático en México, como: procesos más equilibrados entre los partidos; mayor apertura de instituciones y medios de comunicación a las demandas de la sociedad; más y mejor información de lo que hacen gobernantes, ahora sabemos que son de “carne y hueso” gracias a la información. Pero falta mucho que recorrer.

Aun y cuando se tiene un régimen de partidos, éstos no están llenando las expectativas de los ciudadanos, principalmente por la corrupción y pésimos candidatos, lo que ha provocado que otras organizaciones cubren ese espacio, como empresariales y ONGS, mismas que han motivado cambios en las reglas del juego.

En 1977 se introdujo en el artículo 6 de la Constitución el apartado siguiente: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Estas adiciones no modificaron las relaciones del poder con los medios y el ejercicio de las libertades de expresión, prensa e información.

Hay ordenamientos internacionales de derechos humanos en los que se consagra y desarrolla el derecho a la información, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, establece: “Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye a no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El manejo “legítimo de la violencia”, el uso de la policía para perseguir a los “enemigos políticos” , la poca importancia que le han dado “autoridades” a las arbitrariedades y actos de corrupción, hoy tienen un alto costo social. Quizá se refleje a través del voto de castigo en el 2024.