LOS TIEMPOS internos del Partido Acción Nacional entrarán en su etapa de definiciones a partir del 21 de este mes, siempre y cuando no exista un cambio de última hora en la convocatoria.
Esa fecha marcará el inicio de un proceso que tendrá repercusiones directas en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y varios gobiernos municipales, pues quienes busquen una candidatura deberán sujetarse a los tiempos y reglas que establezca el partido.
Todo apunta a que la separación del cargo será una condición obligada para los aspirantes, ya sea mediante licencia o renuncia, dependiendo de la responsabilidad que desempeñen.
En ese escenario, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ya adelantó su estrategia al anunciar que rendirá su Quinto Informe de Gobierno el próximo 5 de septiembre, claro, siempre y cuando la convocatoria panista mantenga los tiempos previstos.
En paralelo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que ya tiene definidos los perfiles que cubrirán las vacantes de quienes decidan competir en el proceso interno. No es un asunto menor: la renovación alcanzará posiciones estratégicas de la administración estatal.
Entre los movimientos prácticamente cantados aparece Alejandra Enríquez, titular de Cultura, quien es suplente del diputado Manque Granados, aspirante a la candidatura por la alcaldía de Chihuahua.
También figura José Granillo, secretario de Hacienda, cuyo futuro político apunta hacia una candidatura local o federal, decisión que dependerá de los acuerdos internos del PAN.
En la misma lista se encuentran Gilberto Loya, quien mantiene vigente su proyecto rumbo a la gubernatura.
Y Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno; Rafael Loera, titular de Desarrollo Humano y Bien Común, y Alan Falomir, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.
Todos ellos aparecen en la antesala de una eventual licencia por la alcaldía, mientras que otros aspirantes, al no desempeñar cargos públicos, podrán competir sin necesidad de separarse de función alguna.
LA INICIATIVA presentada por docentes de Chihuahua para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal abrió un debate que seguramente dará de qué hablar durante las próximas semanas. La propuesta busca castigar a padres, madres, tutores o alumnos que presenten denuncias falsas, difamen o amenacen a trabajadores de la educación, una realidad que, aseguran, se ha vuelto cada vez más frecuente.
El documento fue entregado por Guadalupe Hinostroza, Lourdes Dueñas, Dalila Flores Gutiérrez y Marcela Rodríguez, representantes de un amplio grupo de maestros del nivel básico, quienes sostienen que existe un vacío legal para proteger a docentes, directivos y personal administrativo frente al asedio en redes sociales, campañas de desprestigio y denuncias infundadas.
La propuesta contempla penas de uno a tres años de prisión para quienes incurran en acusaciones falsas que dañen la reputación y trayectoria profesional del personal educativo. El argumento central es que muchos conflictos derivados de calificaciones, medidas disciplinarias o llamados de atención terminan escalando a linchamientos mediáticos que dejan consecuencias irreparables, aun cuando las acusaciones resulten falsas.
Sin duda será una discusión compleja. Proteger a los docentes del acoso y de las denuncias maliciosas parece necesario, pero también habrá quienes adviertan que cualquier reforma deberá cuidar el derecho legítimo de alumnos y padres de familia para denunciar conductas realmente indebidas. Encontrar ese equilibrio será el verdadero desafío para el Congreso.
Y HABLANDO de congruencia política, quien volvió a colocarse en el centro de la conversación fue Fernando Álvarez Monje, uno de los exfuncionarios más identificados con el exgobernador Javier Corral, luego de aparecer en redes sociales junto con su esposa, coordinadora de los regidores del PAN en Chihuahua, disfrutando del partido entre México e Inglaterra.
En realidad, nadie puede cuestionar el derecho de una persona a gastar su dinero como mejor le parezca. Si el viaje, los boletos y la experiencia representaron un desembolso cercano al cuarto de millón de pesos y pueden pagarlo, es una decisión estrictamente personal.
El problema comienza cuando quienes hoy ocupan cargos públicos son los mismos que constantemente cuestionan los excesos de Morena, las bodas ostentosas, las fiestas millonarias, los viajes de lujo o los privilegios de funcionarios y familiares del poder.
Ahí es donde aparece el inevitable reclamo de la opinión pública. La congruencia sigue siendo una de las monedas más escasas en la política mexicana.
Porque ni la llamada austeridad republicana de Morena termina por convencer cuando abundan los ejemplos en sentido contrario, ni el discurso del bien común del PAN queda bien parado cuando sus propios cuadros proyectan una imagen de privilegio en un país que enfrenta dificultades económicas y sociales.
La percepción también gobierna, y en política suele ser tan importante como la realidad. Por eso, este tipo de exhibiciones difícilmente pasan inadvertidas para una ciudadanía que observa con creciente desconfianza los discursos de todos los partidos. Ni para Morena ni para el PAN hay margen para predicar una cosa y proyectar otra.
