POR LO MENOS la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, aceptó que el gobierno de los Estados Unidos le retiró recientemente la visa, según dijo, como consecuencia de una infracción vial cometida hace más de una década.
Esa es su versión, aunque resulta difícil creer que una falta de tránsito de hace diez años permanezca sin resolverse y que, aun así, la dirigente morenista haya continuado cruzando regularmente a territorio estadounidense.
Es complicado imaginar que el vecino país otorgue plazos tan amplios para el pago de una infracción sin tomar alguna medida previa.
Por lo que se conoce, Granados regresó a los Estados Unidos en varias ocasiones y nunca fue requerida o cuestionada por el supuesto adeudo. Eso, por lo menos, permite suponer que la razón de la cancelación de la visa podría no estar relacionada exclusivamente con una falta vial.
Desde luego, una vez que el tema salió a la luz pública, la dirigente estatal terminó por reconocerlo. Poco margen tenía para hacer otra cosa.
Sabía que, al igual que ocurrió con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, los medios de comunicación terminarían por solicitar la exhibición del documento correspondiente. Durazo negó el retiro de la visa, pero tampoco mostró prueba alguna.
La dirigente morenista, tan identificada con la narrativa de la austeridad republicana y la llamada humildad franciscana, tendrá ahora más complicado acudir de compras al otro lado de la frontera.
Sus exclusivas marcas estadounidenses quedarán, por lo pronto, en el recuerdo, salvo que lleguen por internet o mediante algún intermediario en Ciudad Juárez.
Como suele ocurrir en estos casos, el discurso derivó rápidamente hacia las críticas contra el llamado imperialismo yanqui.
Es una reacción frecuente dentro del morenismo cada vez que algún integrante del movimiento enfrenta restricciones para ingresar al país que tanto cuestionan desde la tribuna política.
En medio de la molestia, incluso habló de presunto espionaje en su contra. Sólo faltó que responsabilizara a Felipe Calderón, personaje que para muchos guindas sigue siendo el origen de todos los males nacionales.
Y si en realidad todo obedeció a una infracción de tránsito, la conclusión parece simple: debió haberla pagado. Diez años representan tiempo más que suficiente para resolver cualquier pendiente administrativo.
Pero si la cancelación de la visa tiene otro origen, entonces el asunto podría ser bastante más delicado.
No sería extraño que eventualmente aparecieran otros elementos relacionados con investigaciones o listas de interés para las autoridades estadounidenses.
El tema podría ser mucho más serio de lo que hoy se pretende presentar, sobre todo cuando el discurso oficial de las “pruebas, pruebas y pruebas” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber agotado buena parte de su efecto político.
OTRO DOLOR de cabeza para el gobierno federal llegó desde los Estados Unidos, particularmente desde el Los Angeles Times, considerado uno de los periódicos más influyentes de ese país.
La publicación aseguró que fueron canceladas las visas de los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
El problema, en este caso, no radica únicamente en la eventual pérdida de esos documentos migratorios, sino en las versiones sobre investigaciones que presuntamente existirían en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles vínculos con grupos del crimen organizado.
Como era de esperarse, la presidenta Sheinbaum reaccionó con molestia y volvió a cuestionar las motivaciones de Washington para filtrar información y señalar a gobernantes que fueron electos para desempeñar funciones públicas.
Electos sí. Ya si fue exclusivamente el pueblo quien los llevó al poder o existieron otros factores de influencia, esa es una discusión distinta que sigue abierta en varios estados del país. Ahí está el caso de Sinaloa, donde las sospechas continúan presentes.
Y respecto a las filtraciones, conviene recordar que tampoco son exclusivas de los Estados Unidos. En México abundan los antecedentes. Basta recordar cómo desde instancias federales se difundieron datos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con figuras como Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Pero, claro, en esos casos la narrativa oficial sostiene que no hubo filtraciones.
EL PAN en Chihuahua anunció la denominada operación “Terremoto”, una estrategia destinada a revisar el estado real de sus estructuras territoriales y liderazgos rumbo a los procesos electorales de 2026 y, sobre todo, de 2027.
La decisión parece lógica. Al partido le urge conocer con precisión cuál es su realidad electoral, especialmente en una entidad donde durante los últimos procesos quedaron abandonadas importantes regiones de la Sierra Tarahumara, entre ellas municipios como Guadalupe y Calvo y Morelos, este último recientemente colocado bajo los reflectores por la destrucción de un narcolaboratorio.
Se entiende que en algunas zonas serranas, y quizá en otras regiones del estado, las posibilidades de competencia para los partidos opositores fueron prácticamente inexistentes.
La influencia de grupos criminales terminó imponiendo condiciones políticas que incluso derivaron en candidaturas únicas.
Sin embargo, lo ocurrido en Ciudad Juárez, tierra adoptiva de la dirigente estatal panista Daniela Álvarez, resulta más difícil de justificar.
Ahí se dejó sin representación a cerca del 45 por ciento de las casillas electorales, una omisión que terminó facilitando que otros actores hicieran el trabajo político y electoral.
El resultado ya es conocido y sus consecuencias podrían reflejarse nuevamente en las próximas contiendas si el partido no corrige a tiempo sus deficiencias u omisiones territoriales
