EL PRÓXIMO sábado sesionará el Consejo Político Estatal del PAN, y todo apunta a que habrá definiciones de fondo rumbo al proceso electoral de 2027.
Entre los asuntos que estarán sobre la mesa persiste la versión de que el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, será designado como coordinador estatal de la Defensa de la Patria -la familia y la democracia-, una figura que, en los hechos, lo colocaría como el virtual candidato panista al Gobierno del Estado.
La definición tendría además una coincidencia que difícilmente puede pasar desapercibida: Bonilla solicitaría licencia una vez que concluya su segundo informe de gobierno, es decir, en aproximadamente tres semanas.
De concretarse ambos movimientos, el alcalde dejaría la administración municipal para asumir una responsabilidad partidista que le permitiría recorrer el estado con mucha mayor libertad y comenzar a construir, de manera abierta, su proyecto político rumbo al 2027.
La figura de los llamados defensores, como ya ocurre en Morena, parece diseñada para darle la vuelta a las restricciones de la legislación electoral y hacer campaña sin llamarla campaña.
Bajo esa misma lógica se han movido desde hace meses la senadora Andrea Chávez y el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, quienes disputan la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.
El PAN, todo indica, estaría dispuesto a utilizar una fórmula similar para posicionar a su eventual candidato.
Pero el Consejo Político Estatal también tendrá que revisar otro problema: el abultado número de aspirantes a la candidatura por la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Son ocho los nombres que han levantado la mano, pero sólo existe un espacio disponible. Desde el oficialismo panista se advierte que el Consejo podría reducir la competencia a tres perfiles, que posteriormente se someterían a un proceso interno mediante elección o, eventualmente, una o varias encuestas.
De esos tres espacios, María Angélica Granados y Santiago de la Peña parecen tener asegurado un lugar, mientras que el tercero estaría entre los demás aspirantes.
El problema para varios de ellos es que, si la decisión se toma bajo criterios estrictamente competitivos, podrían terminar participando en un proceso cuya finalidad ya esté prácticamente definida. En política, muchas veces la competencia comienza cuando el verdadero ganador ya fue seleccionado.
POR CIERTO, en el PRI estatal parece haber tomado fuerza la versión de que Fermín Ordóñez Arana sería el candidato priista a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
El dirigente del Movimiento Territorial tendría, sin embargo, un pequeño problema: si finalmente el PRI y el PAN concretan una alianza electoral, difícilmente tendría posibilidades de encabezar la candidatura, por lo que tendría que negociar su participación y, eventualmente, sumarse al proyecto que abandere Acción Nacional.
Y si el PRI decide competir solo, el escenario tampoco parece sencillo. El tricolor enfrenta una realidad electoral que no puede ignorar: por sí mismo, hoy no aparece con posibilidades reales de conquistar la Presidencia Municipal de Chihuahua.
La discusión, entonces, no debería centrarse solamente en quién quiere ser candidato, sino en qué posiciones puede obtener el partido dentro de una eventual alianza. Porque en política electoral, a veces es mejor negociar posiciones que caminar voluntariamente hacia una derrota anunciada.
Y FINALMENTE, desde Estados Unidos vuelve a surgir un señalamiento que coloca bajo presión al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con información difundida por el columnista Raymundo Riva Palacio, del periódico El Financiero, el Departamento de Justicia estadounidense tendría nuevos elementos para ampliar las investigaciones relacionadas con el asesinato del diputado federal Nemesio Cuén Ojeda, quien también fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La denuncia por el homicidio de Cuén fue presentada por el PRI nacional, mientras que la Fiscalía de Sinaloa sostuvo en su momento una versión en la que el exrector habría sido asesinado durante un supuesto asalto en una gasolinera.
Esa explicación, sin embargo, quedó severamente cuestionada posteriormente. Lo que resulta políticamente explosivo es que las autoridades estadounidenses vuelvan a colocar el caso bajo los reflectores, mientras en México las investigaciones han sido objeto de fuertes cuestionamientos.
El asunto adquiere todavía mayor dimensión por los señalamientos sobre los vínculos entre la clase política sinaloense y grupos del crimen organizado. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el caso no avanzó con la contundencia que muchos esperaban, pero ahora Estados Unidos parece dispuesto a seguir su propia ruta de investigación. Y ahí está el verdadero problema para Rocha Moya: cuando las autoridades mexicanas no dan respuestas convincentes, tarde o temprano aparecen otras instancias a pedirlas.
Porque en este tipo de investigaciones la pregunta siempre termina siendo la misma: pruebas, pruebas y más pruebas. Y si existen elementos que involucren a funcionarios o personajes políticos en hechos de esta naturaleza, serán las autoridades competentes las que deberán acreditarlo. Lo que ya no parece sostenible es pretender que los expedientes incómodos desaparezcan simplemente porque políticamente resulta conveniente no hablar de ellos desde el morenismo.
