HAY QUIENES Hay quienes se preguntan de dónde surge el nacionalismo del senador ahora morenista Javier Corral Jurado, quien por cierto es prófugo de la justicia de Chihuahua, salvado por ahora por la campana de Morena.
Corral quiere enjuiciar sin atribuciones a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal general César Jáuregui, luego de que se conoció la supuesta participación de dos agentes de la CIA en el operativo donde se aseguró el laboratorio de metanfetaminas más grande del mundo, hasta ahora conocido.
No se sabe si Corral está encolerizado por la muerte de los norteamericanos y reclama justicia para los suyos -hay que recordar que el senador anunció en El Paso, Texas– o porque los pusieron a chambear en tareas de alto riesgo.
O quizá está molesto por el desmantelamiento del laboratorio; durante su gobierno no reventó ni siquiera un picadero en todo el estado.
Por lo tanto, la hipotética pregunta sobre qué patria o soberanía defiende el senador “norteamericano” tiene validez: mantiene su nacionalidad estadounidense, nunca ha renunciado a ella y menos ahora que su libertad se sostiene gracias al fuero.
Corral y el otro senador de Morena, Juan Carlos Loera, tienen ecos suficientes para pedir la comparecencia de la gobernadora Campos por la presencia de los “gringos”.
Ambos fueron derrotados electoralmente por la ahora mandataria, y en el caso de Corral hay que agregar que fue salvado por el régimen cuando iba a ser aprehendido por acusaciones de peculado.
Razones hay para transparentar la presencia de agentes norteamericanos en el golpe al crimen organizado, pero la pregunta obligada es hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, que participó directamente en el operativo.
Decir que no sabían de la presencia de la CIA ofende a muchos, incluidos los mandos militares; pero así es la retórica de la Cuarta Transformación, negar, negar y negar por ejemplo como la contaminación del Golfo de México y el ecocidio que genero el Tren Maya y la corrupción.
Por lo pronto, habrá que esperar lo que informe el “presidente” de Corral, es decir, Donald Trump, o sus voceros, porque por el lado mexicano no habrá más que una defensa discursiva de la soberanía, narrativa que no abandonará la presidenta Claudia Sheinbaum, a menos que la gobernadora o el fiscal suelten la sopa y revelen que el acuerdo vino del centro del país.
Si los militares no informaron aa su jefa, ahora sí que tenemos un grave problema, pero con los norteamericanos, cuando murieron dos de sus agentes en territorio nacional en labores en contra del crimen organizado lo que equivale a narcoterrorismo.
POR CIERTO, quien ha estado alejada de los reflectores -sobre todo en este tema- es la senadora de Morena con licencia, Andrea Chávez.
Habitualmente muy activa en redes sociales, incluso en asuntos menores, su silencio en torno al laboratorio y la traída y llevada soberanía por la presencia de la CIA en Chihuahua resulta más que llamativo.
Las explicaciones pueden ser varias. La primera, que ya no tiene fuero; la segunda, que está inmersa en su campaña por la gubernatura; y la tercera -quizá la más cercana a la realidad- que se encuentra desconcertada por la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena.
En ese reacomodo interno, el margen de maniobra se reduce y el cálculo político obliga al silencio.
Chávez, junto con su aliado el senador Adán Augusto López Hernández, se encuentra en medio de un precipicio de acusaciones que podrían escalar si Andrés Manuel López Obrador decide romper la última liga que lo sostiene.
Desde el Palacio Nacional, poco o nada puede esperar, y menos si a la presidencia de Morena llega Ariadna Montiel. El tablero interno se mueve con rapidez, y en ese contexto, los silencios pesan tanto como las declaraciones.
BERTHITA GÓMEZ, esposa del exgobernador César Duarte, regresó al Centro de Detenciones del ICE en El Paso, Texas, luego de que un juez le había concedido llevar su proceso migratorio en domicilio.
El giro en su estatus vuelve a colocar el caso en el terreno de la incertidumbre jurídica y bajo la lupa de las autoridades estadounidenses.
El retorno a prisión, ordenado por el juez, admite al menos dos lecturas, pero ambas convergen en un mismo punto: el gobierno de Estados Unidos habría tomado nota de que en Chihuahua la detenida enfrenta órdenes de aprehensión por robo y peculado agravado, mismas que logró evadir mediante una cadena de amparos. Ese contexto complica cualquier consideración de beneficio procesal.
El reencarcelamiento abre además la puerta a escenarios más complejos: desde una posible deportación fast track solicitada por el gobierno estatal o federal, hasta una eventual extradición, lo que implicaría activar canales de cooperación diplomática entre ambos países. En cualquiera de las rutas, el margen de maniobra se reduce.
Cualquiera de estos escenarios no representa buenas noticias para Berthita ni para su esposo, el exgobernador actualmente recluido en el Altiplano.
El caso vuelve a tensarse y confirma que el frente judicial internacional sigue siendo un factor determinante en su futuro inmediato.
