HAY UNA VERSIÓN que cada vez toma mayor fuerza y que apunta a que la dirigencia nacional de Morena habría pactado un acuerdo entre Palacio Nacional y el llamado Grupo Tabasco para resolver, de una vez por todas, la candidatura a la gubernatura de Chihuahua y la alcaldía de Ciudad Juárez.
La fórmula sería bastante clara: Cruz Pérez Cuéllar para la gubernatura y Andrea Chávez para la alcaldía de Juárez. Primero los harán pasar por “defensores de la Cuarta Transformación” a nivel estatal y municipal, respectivamente, porque en Morena ya descubrieron que cambiarle el nombre a una candidatura también sirve para disfrazar una campaña anticipada.
El anuncio podría llegar el próximo lunes o, a más tardar, el 17 de septiembre, antes de que el calendario político se vuelva todavía más complicado con las celebraciones patrias. El acuerdo tendría lógica si se considera que en la negociación estarían pesando la propia dirigencia nacional de Morena, el grupo de Ricardo Monreal y, sobre todo, la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes habrían terminado por inclinar la balanza a favor del alcalde con licencia.
El primer gran perdedor sería el Grupo Tabasco, con Adán Augusto López y el propio López Obrador, además de sus aliados locales, entre ellos Javier Corral y Juan Carlos Loera. Pero también habría damnificados dentro de Chihuahua: la delegada del Bienestar, Mayra Díaz, quien hasta ahora era considerada la carta fuerte de Pérez Cuéllar para competir por la alcaldía fronteriza.
Cruz y Andrea formarían una fórmula políticamente explosiva. Él tendría el camino despejado hacia la gubernatura y ella una ruta prácticamente libre hacia la alcaldía de Juárez. El único problema serían sus propios grupos, porque cuando los intereses personales y las tribus pesan más que el proyecto, no faltan las zancadillas, el fuego amigo y hasta el voto cruzado.
Lo hemos dicho muchas veces: en Morena las encuestas parecen más maquillaje de democracia que mecanismo real de decisión. Si finalmente se confirma el acuerdo desde el centro, quedaría demostrado que las preferencias ciudadanas pueden terminar siendo un simple elemento decorativo cuando la decisión política ya está tomada.
Y para Andrea Chávez, además, hay una ventaja que no es menor: la juventud. Con la mano en la cintura puede esperar seis años. Ya sea con Cruz Pérez Cuéllar o con Marco Bonilla en la gubernatura, seguiría siendo extraordinariamente joven y tendría todavía una larga carrera política por delante. En política, esperar también es una forma de ganar.
EL FISCAL Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó que continúa vigente la investigación relacionada con el presunto desvío de casi 98.6 millones de pesos y que existen al menos tres indagatorias abiertas contra el exgobernador Javier Corral Jurado.
El funcionario dejó claro que la Fiscalía no ha dado por cerrado el expediente y que, mientras algunos de los involucrados han recurrido a amparos y argumentos relacionados con el fuero de legislador federal, la autoridad estatal agotará todos los recursos legales para defender los intereses de Chihuahua.
El punto central, según explicó Valenzuela, es que los recursos investigados salieron directamente de la Secretaría de Hacienda estatal y fueron pagados mediante su cuenta concentradora. Por ello, la Fiscalía sostiene que existe materia para mantener las investigaciones dentro del ámbito de competencia de las autoridades locales.
Lo interesante del asunto es que, pese a los recursos jurídicos, las estrategias mediáticas y el blindaje político que ha rodeado al exmandatario, los procesos siguen vivos. El expediente no desapareció por decreto ni por declaraciones políticas; permanece en los tribunales y tendrá que resolverse conforme a derecho.
EL PAQUETE económico que está armando el Gobierno Federal para el próximo año vuelve a poner sobre la mesa una realidad poco alentadora: México seguirá lejos del crecimiento que necesita y, por lo que se conoce hasta ahora, tampoco aparecen grandes señales de una estrategia destinada a generar productividad, inversión y empleos.
Se habla de recortes para la Comisión Federal de Electricidad, precisamente cuando el sector energético requiere inversiones importantes; también habría menos recursos para el campo, mientras salud y educación continúan enfrentando restricciones presupuestales. Es decir, menos dinero para producir y más necesidades que atender.
Pero lo que realmente preocupa es el endeudamiento. Se habla de alrededor de 1.7 billones de pesos, una cantidad monumental que no estaría destinada prioritariamente a infraestructura productiva, generación de empleo o proyectos estratégicos, sino a sostener programas sociales y pensiones.
El problema no son los programas sociales en sí mismos. El problema aparece cuando un gobierno sustituye la inversión productiva por gasto permanente, porque entonces el país consume hoy lo que tendrá que pagar mañana. Deuda sobre deuda no construye crecimiento; únicamente aplaza el problema y reduce el margen de maniobra de las próximas generaciones.
