Por Luis Silva García
CD. JUÁREZ CHIH.- Los dimes y diretes en el escenario político nacional, y hasta internacional, se han precipitado de acuerdo a lo que a los diversos gobiernos interesa que creamos, o sepamos, desde el momento en que se conoció la historia “de película” en la que un comandante estatal de Chihuahua y sus acompañantes perdieron la vida en un accidente carretero en la zona serrana, cuando regresaban de un importante operativo para desmantelar laboratorios donde se procesaba droga.
El escándalo brotó cuando trascendió que en ese mismo hecho perdieron la vida dos supuestos agentes de alguna corporación estadunidense, que estarían colaborando o al menos acompañando en el operativo, aparentemente sin que nadie más supiera de dicha intervención internacional, ni se hicieran los trámites o avisos protocolarios para el caso, como dicta el Derecho Internacional.
Esta historia reciente nos recuerda que, en realidad, desde hace muchos años, los agentes de los Estados Unidos (sean de la DEA, o de la CIA, de organismos militares o paramilitares, de corporaciones del gobierno o particulares, que tengan que ver con cuestiones de seguridad, o con temas tan variados como la educación, la salud y hasta la religión) han mantenido una presencia permanente en México y en muchos países de Latinoamérica, ya sea por acuerdos legales, conocidos o desconocidos, o hasta demanera clandestina.
Esos tres mil 500 kilómetros de guardaraya que compartimos entre ambos países, en el caso de México y EU, pueden ser muy difíciles de cruzar de aquí para allá, pero de allá para acá, prácticamente los gringos pueden cruzar cuando quieran y a lo que quieran. Por eso nos caen todo tipo de gentes, riesgos, amenazas y también personas valiosas que vienen a aportar algo positivamente, pero de ahí a que los ande correteando Migración como a los hondureños –por ejemplo– que entran por el sur, la diferencia en radical. Eso no pasa con los migrantes del norte.
— Tu bien sabes que siempre han andado por acá, solo que ahora, por algún motivo, salieron a la luz; y por este caso que conocemos, imagínate ¿cuántos habrá que nunca se hacen públicos? Comentó así un amigo periodista.
Como consecuencia llegaron los reclamos, explicaciones confusas y la renuncia a su cargo del Fiscal Estatal, César Jáuregui Moreno, a quien se le descarriló el ferrocarril que empujaba a todo vapor hacia la candidatura por la Presidencia Municipal de Chihuahua. Pero la renuncia del jefe ni explica ni justifica los hechos. Era, eso si inevitable, pues se iba él o se iba su jefa, la Gobernadora del Estado.
Las acusaciones desde el nivel federal y personalmente de parte de la Presidente Claudia Sheinbaum se desataron de inmediato, pero no llevaron más que a una respuesta estatal en el sentido de que el comandante fallecido en el accidente, Pedro Ramón Oceguera, no informó de la intervención extranjera en el caso. Fácil: la culpa la tiene el muertito. Se creó una comisión especial para investigar el caso: maniobra tan recurrente cuan innecesaria cuando se trata de casos sospechosos y a los que hay que tender una cortina de humo enfrente.
Aquí suceden los hechos y en variadas ocasiones nos escandalizan, pero en pocas horas o días nos presentan otras noticias temas o distractores de atención y muy rápido ya ni los especialistas del caso analizar los graves acontecimientos, como a todas luces es la muerte de agentes estadounidenses en nuestro territorio y su estancia irregular acá.
En esta ocasión el escándalo de los agentes gringos en la Sierra Tarahumara fue tapado por el escándalo de la petición de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y funcionarios de dicho estado, acusados de estar involucrados narcotráfico y que son reclamados para juzgarse en el vecino país.
La atención se brincó la Sierra Madre Occidental de forma instantánea, pero el fondo es el mismo: acciones que tienen que ver con las actividades y grupos del narcotráfico en México, de manera que hay lugar a sospecha, en ambos casos, de que los acontecimientos pueden tener detrás forcejeo e intereses de grupos criminales.
Acá en Chihuahua los hechos desembocaron en riesgo y desprestigio para el gobierno estatal y en particular para el Fiscal de Justicia, que tuvo que poner pies en polvorosa, mientras que la gobernadora tuvo que aguantar el embate del gobierno federal.
A nivel nacional el embate de Estados Unidos se enfocó contra el gobierno mexicano, al que consideran contrincante, por lo cual no le tienen confianza para la aplicación de la justicia y exigen llevar a ciudadanos mexicanos a juzgar en Estados Unidos, lo que puede implicar (independientemente de hechos y personas) violaciones a principios y normas pactadas internacionalmente ente los países y reguladas por organismos cumbre.
La situación es que los ciudadanos ya no podemos confiar en los gobernantes, sean del nivel que sean, municipales, estatales, federales, o delos poderes ejecutivo, legislativo o judicial, sean diputados o jueces y, más aún, ni siquiera que sean gobernantes de nuestro país o de otros países, porque todos están demostrando que lo único que les interesa es respaldar metas particulares o de los grupos que les apoyan, aunque sean del crimen organizado.
El oficio de servicio y de función publica para administrar los bienes de la nación, estado o municipio, está en franco abandono, pues siempre hay propósitos comerciales particulares en los proyectos políticos, y ahí es donde los grupos delictivos encuentran terreno fértil para hacer sus inversiones y luego cobrar dividendos.
En este tenor, lo que menos se cuida es la pureza y calidad de las operaciones, por ello es común que sucedan fallas que ponen en evidencia el descontrol de los gobernantes, como son los casos de la sierra de Chihuahua y las acusaciones en Sinaloa. Y en ambos se involucra el poderoso país vecino, como en ambos el tema es narcotráfico.
Resulta lastimoso contemplar que los argumentos e iniciativas de los gobernantes en turno y grupos políticos se mueven para atacar al enemigo y engrandecer los principios que enarbolan, cuando no están respondiendo a las necesidades apremiantes de la población.
Fueron designados en el gobierno para respaldar y servir a la comunidad, no para enriquecerse, ni para espaldar sus filias políticas o ideológicas. Así que por favor, ya pónganse a trabajar en el servicio público, que es su encargo, porque hasta los grupos delictivos les están comiendo el mandado y ya les dictan ordenes.
