NO ES FÁCIL observarse en un mural realizado por muralistas urbanos, en donde se refleje tu rostro alterado con orejas y nariz de cerdo, más una boca con dientes de ratón.
Artistas, digamos que sí lo son, pero queda la interrogante sobre quién financió la creatividad y generó la idea de pintar al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, caracterizado de esa manera en la parte trasera de un negocio de barrio.
Esa es la cuestión. Se entiende que a nadie le gustaría verse plasmado así, menos cuando se trata de la primera autoridad municipal y además se pretende llegar a la candidatura del gobierno del estado por Morena. Sin embargo, el alcalde perdió el control: encolerizado buscó detener la pinta, no lo logró y entonces optó por detener y encarcelar a los creadores.
Solito cayó en la trampa. El arresto de los jóvenes y su pintura corrió como pólvora encendida en redes sociales y medios de comunicación formales.
No era para menos: había coartado la libertad de manifestación de las ideas y la libertad de expresión. Sus opositores aprovecharon la ocasión y los otros -que también lo son, pero dentro de Morena- festejaron al estilo de la CuatroT, cuando aprueban los planes A, B o C.
Hubiera resultado más sencillo dejar que pintaran el mural y después mandarlo borrar. Nada hubiera pasado, salvo dos o tres testigos.
Pero no fue así: la foto del mural está por todas partes y la imagen, por sí misma, es imborrable. Todavía no sale del escándalo del hueco financiero del ayuntamiento ante el SAT y ahora suma este episodio.
El alcalde aspirante debería ampliar la visión: sabe que el grupo al interior de Morena que busca a la misma novia, sabe pegar en tiempo y forma, y tiene recursos ilimitados para hacerlo.
EL ALCALDE Marco Bonilla comenzó a mover piezas con claridad rumbo al 2027. Encabezó una reunión con parte de su estructura territorial -a la que él mismo define como su base de soporte electoral- con un objetivo concreto: cerrar filas, alinear esfuerzos y exigir resultados.
El encuentro tuvo lugar en Candilejas, donde se dieron cita más de 300 operadores políticos, entre hombres y mujeres, convocados directamente por el presidente municipal. El mensaje fue directo y sin matices: se requiere trabajo efectivo, cohesión interna y compromiso total con el proyecto que se construye desde la capital.
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la convocatoria, sino las ausencias. Bonilla decidió excluir a diversos grupos internos del PAN, entre ellos los identificados con los Gaudinis, los Rivas, la China Frías, los Félix y los Isaac. Una decisión que no pasó desapercibida y que generó cuestionamientos públicos, particularmente en redes sociales.
La lectura política es clara: el alcalde buscó un diálogo directo, sin intermediarios ni corrientes internas, con una parte específica de su base capitalina. Un ejercicio de control político y medición de lealtades que le permitió tomar el pulso real de su estructura más cercana.
El encuentro se prolongó por cerca de tres horas, en un ambiente que -según versiones internas- tuvo de todo: reclamos, ajustes, compromisos y reafirmaciones. El saldo, aseguran, fue positivo: el fortalecimiento del proyecto político que Bonilla perfila a mediano plazo. Entre los asistentes destacaron figuras clave como Gabriel Díaz y Arturo García Portillo, quienes fungieron como puente inicial del diálogo.
LA GOBERNADORA del Estado, María Eugenia Campos Galván, se reunió en un restaurante del Distrito 1 con su secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, y con el fiscal general, César Jáuregui.
El escenario no fue casual: un espacio visible políticamente, útil para enviar el mensaje de quién gobierna y marca la línea en el estado. De otra manera, bastaba con citarlos en el despacho.
El tema de fondo apunta a que ambos funcionarios, en su búsqueda por la candidatura a la alcaldía de la capital, deben bajarle al menos un decibel a la supuesta confrontación entre ellos, derivada de su posicionamiento en encuestas.
Porque si algo saben los analistas, es que las encuestas suben y bajan según la casa que las levante y quién las pague. Lo relevante no es el número, sino la percepción pública. Y no es bien visto que un secretario general -obligado a garantizar piso parejo– y un fiscal se confronten desde la función pública.
