SIN DUDA que la alianza electoral rumbo al 2027 será una definición que corresponderá principalmente a las dirigencias nacionales de los partidos, aunque necesariamente tendrá que construirse en consenso con las estructuras estatales y, en su momento, con las dirigencias regionales.
La reunión del fin de semana en la sede nacional priista entre el expresidente Vicente Fox y Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, apunta hacia la posibilidad de una nueva alianza entre PRI y PAN en buena parte de las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año.
Fox y “Alito” parecen ir incluso más allá: buscan construir un frente amplio opositor a Morena, con la intención de romper la hegemonía del partido guinda en las cámaras legislativas y, al menos, competir con posibilidades reales en una parte importante de los estados donde habrá elecciones.
La apuesta incluye a Movimiento Ciudadano, aunque aquí aparece el principal obstáculo. A nivel nacional, MC ha mantenido una postura que lo ha colocado, en distintos momentos, como un partido funcional a los intereses del régimen morenista, cuando no directamente como su acompañante legislativo.
Pero Movimiento Ciudadano podría jugar sus propias cartas de manera regional, particularmente en Chihuahua, donde el factor Alfredo Lozoya Santillán mantiene abierta una puerta que podría resultar estratégica para cualquiera de los bloques que busquen construir una mayoría opositora.
Por lo pronto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ya abrió la posibilidad de alianzas selectivas en algunas entidades. No deja de ser significativo: hace apenas unos meses Acción Nacional sostenía que competiría solo, bajo el argumento de que la marca PRI representaba un desgaste para el panismo.
Es cuestión de darle tiempo al tiempo. El avance de las conversaciones entre Fox y “Alito” puede modificar el escenario nacional y obligar a los partidos a replantear posiciones que hasta hace poco parecían definitivas. En Chihuahua, además, existe un antecedente que pesa: la alianza PAN-PRI-PRD que llevó a María Eugenia Campos Galván a la gubernatura.
EL ALCALDE de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, prácticamente comenzó a despedirse de la Presidencia Municipal desde el pasado viernes, cuando presentó su Quinto Informe de Gobierno.
Salió por la puerta grande, con un evento de trascendencia política que congregó a representantes de distintos sectores y que confirmó algo que dentro del panismo ya parece fuera de discusión: Bonilla es hoy el perfil mejor posicionado para buscar la gubernatura.
Se va, además, con resultados y cuentas que presumir, pero también con algo políticamente más importante: el respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos y el acompañamiento de las dirigencias estatal y nacional del PAN.
Todavía no se conoce la fecha exacta en que solicitará licencia al Ayuntamiento, pero todo apunta a que ocurrirá durante este mes, para dar paso a una nueva etapa política marcada por sus recorridos por el estado bajo su responsabilidad como coordinador estratégico político del PAN.
El siguiente paso será observar cómo administra Bonilla esa transición. Porque una cosa es dejar la Alcaldía con buenos números y otra muy distinta convertirse en candidato competitivo para la gubernatura. La primera etapa ya la tiene prácticamente resuelta; la segunda apenas comienza.
EL CONSEJO Coordinador Empresarial de Chihuahua colocó sobre la mesa un tema que durante años ha permanecido en el debate político: la autonomía real de la Fiscalía General del Estado.
El organismo empresarial se pronunció a favor de otorgarle plena autonomía funcional, presupuestal y técnica, con el objetivo de desvincular su operación de los gobiernos en turno y, particularmente, de los ciclos electorales.
La propuesta va más allá de una simple modificación administrativa. El CCE plantea construir mecanismos institucionales que impidan presiones políticas sobre la Fiscalía y que permitan garantizar que las decisiones de procuración de justicia no estén sujetas a intereses coyunturales.
Entre las propuestas destaca que el periodo de quien encabece la Fiscalía no coincida con el ciclo de la gubernatura, impedir su reelección y establecer que una eventual remoción solamente pueda darse por causas previamente determinadas y mediante una mayoría calificada del Congreso del Estado.
El planteamiento merece atención porque toca uno de los puntos más sensibles de cualquier democracia: quién investiga al poder y con qué grado de independencia. Si la Fiscalía depende política o presupuestalmente del gobierno en turno, la autonomía puede quedarse solamente en el papel.
El debate apenas comienza, pero la propuesta empresarial coloca sobre la mesa una discusión que Chihuahua tendrá que enfrentar tarde o temprano: una Fiscalía verdaderamente autónoma no debe responder al gobernador en turno, sino a las instituciones y, finalmente, a los ciudadanos.
