LA VINCULACIÓN a proceso de César Jáuregui Moreno por el supuesto delito de traición a la patria estaba más que cantada, aunque en realidad el fondo del asunto sigue siendo cuestionable y está lejos de demostrar que el exfiscal haya cometido semejante delito.
Al régimen morenista le urge tener un chivo expiatorio para alimentar su nueva campaña propagandística en defensa de la soberanía nacional, el intervencionismo y los supuestos enemigos de la patria.
A la Cuarta Transformación le encanta colgarles el calificativo de traidores a quienes considera adversarios políticos, y ahora Jáuregui parece ser el personaje elegido para ese propósito.
Ese es el fondo político de su arresto, de la imputación y de la decisión judicial de vincularlo a proceso. Los abogados del exfiscal impugnarán la resolución y podrían llevar la batalla hasta las últimas instancias, aunque el panorama no pinta sencillo.
La justicia no debería depender de la ideología ni de las instrucciones que presuntamente se dicten desde Palacio Nacional, pero en este caso la defensa tendrá que demostrar que no hubo traición a la patria, sino, en todo caso, alguna conducta que pudiera encuadrar en otro delito.
Si el argumento central es que Jáuregui conoció o autorizó la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento del narcolaboratorio de El Pinal, habría que determinar si existió una violación a la legislación de seguridad nacional, pero eso no convierte automáticamente los hechos en traición a la patria. Por lo pronto, la vinculación abre la puerta a que permanezca detenido durante varios meses, mientras se desarrolla el proceso.
Y como si el asunto no tuviera ya suficientes ingredientes políticos, desde la mañanera llegó otra advertencia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Jáuregui Moreno presuntamente tendría casinos operados mediante prestanombres.
Tener casinos no constituye por sí mismo un delito; lo que tendría que acreditarse es si existe alguna conducta ilícita relacionada con su operación, sus propietarios o sus recursos.
La sospecha es que el caso podría crecer con nuevas acusaciones, lo que complicaría todavía más la situación jurídica del exfiscal.
Mientras tanto, durante el fin de semana, decenas de panistas y simpatizantes realizaron una caravana por distintas avenidas de la capital y terminaron frente a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República, donde exigieron su liberación. La protesta no tuvo eco, pero dejó claro que el caso ya rebasó el terreno judicial y se convirtió en un nuevo frente de confrontación política.
BAJO ESTE escenario, el Partido Acción Nacional debería dejar de jugar a las indefiniciones y establecer reglas y tiempos para seleccionar o designar a sus candidatos a las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.
En teoría, el proceso se habría pausado a petición de los seguidores de Jáuregui, o al menos eso fue lo que se manejó; la realidad es que el calendario formal de selección todavía no había arrancado. Sin embargo, una cosa es respetar los tiempos legales y otra muy distinta quedarse inmóvil mientras Morena avanza en su organización política.
Diciembre aparece como una fecha clave para comenzar a tomar decisiones, pero llevar todo hasta el límite solamente provocaría más desgaste, incertidumbre y división entre los aspirantes, particularmente en Chihuahua capital, donde la disputa interna promete ponerse bastante interesante.
También hay que decirlo sin rodeos: Jáuregui Moreno no está en condiciones de competir por la alcaldía de Chihuahua. No solamente enfrenta un proceso penal y permanece detenido, sino que tampoco parece viable que el PAN lo postule en las circunstancias actuales.
Eso sí, estar vinculado a proceso no significa estar sentenciado ni ser culpable, y esa diferencia jurídica debe respetarse, por más que el costo político del expediente sea evidente.
El PAN necesita entender que una cosa es cerrar filas en defensa de un exfuncionario y otra dejar que todo su calendario electoral dependa de un caso judicial. Si sus dirigentes pretenden llegar fortalecidos a 2027, tendrán que poner orden, definir procedimientos y evitar que la incertidumbre termine convirtiéndose en una ventaja gratuita para Morena.
LUEGO DE que durante toda la semana se exhibieran presuntos casos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, con la institución bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación, comenzó a circular la versión de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, habría presentado su renuncia.
La información apareció en canales oficiales del propio organismo, pero posteriormente fue retirada, lo que alimentó todavía más las especulaciones.
El periódico Reforma publicó una serie de reportajes sobre contratos millonarios otorgados a empresas presuntamente creadas a modo, adjudicaciones sin licitación y contrataciones de personal en puestos clave sin que, según las publicaciones, los procedimientos pasaran por el Consejo General del INE.
Cuando las dudas alcanzan al árbitro electoral, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un asunto de confianza pública.
La supuesta renuncia de Taddei, cuya confirmación oficial es indispensable antes de darla por un hecho, llega en medio de la presión por las auditorías y de la difusión de fotografías en las que aparece su hijo en un hotel de París acompañado, según las versiones publicadas, por uno de los proveedores favorecidos del instituto.
El episodio ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso de recursos, aunque cualquier responsabilidad debe establecerse con pruebas y mediante las investigaciones correspondientes.
Para dimensionar el escándalo, se ha señalado que la tarifa por noche del hotel rondaría los 200 mil pesos mexicanos, una cifra que por sí sola exige aclaraciones sobre quién pagó la estancia y bajo qué circunstancias.
El INE está obligado a transparentar contratos, gastos y posibles conflictos de interés, porque su autoridad no depende únicamente de organizar elecciones, sino también de demostrar que administra los recursos públicos con honestidad. Si las irregularidades se confirman, no bastarán las explicaciones burocráticas ni las renuncias para cerrar el expediente: tendrán que venir las investigaciones y, en su caso, las sanciones correspondientes.