DESPUÉS DE tres años, el Poder Judicial de la Federación finalmente dio la razón al Municipio de Chihuahua en el litigio relacionado con la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano de Mápula, obra que permanecía suspendida desde hace años por un amparo promovido por particulares que argumentaron sentirse afectados.
La resolución representa, sin duda, un avance importante para la administración municipal, pero todavía no significa que las máquinas puedan entrar mañana a Mápula.
Y es que la sentencia tendrá que quedar firme y cerrar todas las vías legales antes de que el Municipio pueda iniciar formalmente la construcción.
La decisión está ahora en manos de quienes promovieron el amparo, pues tienen la posibilidad de recurrir ante una instancia superior.
Dicho de otra manera, si los inconformes deciden concluir el litigio, la obra podría avanzar en cuestión de meses; pero si llevan el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escenario podría prolongarse considerablemente.
Habrá que ver qué sucede si el expediente termina en manos de los ministros. Porque, para quienes han seguido de cerca las recientes decisiones del máximo tribunal, la llamada “Corte del acordeón” se ha convertido en una expresión recurrente de la crítica política.
El dilema, llevado al terreno político, sería determinar si se termina favoreciendo a un empresario que promovió un amparo contra un proyecto de una administración panista. Vaya, el expediente tendría todos los ingredientes para convertirse en un nuevo capítulo de la confrontación política.
Por lo pronto, el Juzgado Primero de Distrito determinó que no existe riesgo acreditado de contaminación de mantos freáticos, que la zona no tiene el carácter de área natural protegida, que los estudios hidrológicos cumplen con los requisitos correspondientes y que las licencias otorgadas por los tres niveles de gobierno se encuentran en orden.
Es decir, jurídicamente el proyecto recibió un importante respaldo, aunque enfrente todavía la capacidad económica y legal de quienes se oponen a su construcción.
La zona de Mápula, ubicada al sur de la capital y muy cerca de la carretera Chihuahua-Delicias, no es precisamente un terreno cualquiera. Ahí existe una de las plantaciones de nogal en producción más importantes de la entidad, además de un proyecto de desarrollo industrial donde están en juego inversiones millonarias.
Por eso el conflicto trasciende el simple debate sobre dónde colocar la basura de Chihuahua y se convierte también en una disputa por el valor y el futuro de una zona estratégica para el crecimiento económico de la capital.
El proceso, por lo tanto, todavía no será sencillo. La pregunta es si Eugenia Baeza Fares y su equipo jurídico continuarán hasta las últimas consecuencias o decidirán cerrar el capítulo después de la sentencia.
Si el litigio continúa, podrían pasar meses o incluso años antes de que exista una resolución definitiva, mientras el problema de la disposición final de los residuos sigue creciendo y afecta no solamente a Chihuahua capital, sino también a Aldama y Aquiles Serdán.
Al final del día, hay más de un millón de habitantes que serían beneficiados con una solución definitiva al problema de la basura, mientras un particular mantiene abierta la batalla jurídica para impedir la construcción del proyecto.
La justicia ya emitió una primera resolución favorable al Municipio; ahora falta saber si habrá otro round. Y como siempre ocurre en estos casos, el último recurso todavía no está escrito.
Y YA QUE ANDAMOS con la Suprema Corte, otro expediente que llegará a esa instancia es el del exgobernador César Duarte Jáquez, cuyo caso fue atraído después de los amparos promovidos por sus abogados.
La discusión jurídica resulta particularmente relevante, porque la Corte deberá analizar si el Estado mexicano puede procesar y mantener privado de la libertad a una persona por delitos distintos de aquellos que fueron considerados por la justicia de Estados Unidos al momento de conceder su extradición, conforme al tratado bilateral correspondiente.
Sin entrar a defender jurídicamente a Duarte, la discusión sobre los alcances de una extradición es seria y debe resolverse con criterios estrictamente jurídicos. La pregunta de fondo es sencilla: si Estados Unidos autorizó la extradición bajo determinadas acusaciones, ¿puede México utilizar posteriormente otros cargos para mantener un proceso penal? Ahí estará buena parte de la litis que deberá resolver el máximo tribunal.
El problema es que en México los expedientes judiciales dejaron hace mucho de estar separados de la disputa política, al menos en la percepción de buena parte de la sociedad.
El caso Duarte ha estado marcado desde el principio por acusaciones cruzadas entre grupos políticos, gobiernos y fiscales, y la actuación de la Fiscalía General de la República será observada con lupa. Por eso la resolución de la Corte tendrá una importancia que irá mucho más allá del expediente personal del exgobernador.
¿Qué dictaminará la Suprema Corte? Esa es precisamente la pregunta. Lo mínimo que se puede exigir es que la decisión se sustente en la Constitución, los tratados internacionales y el debido proceso, independientemente de quién sea el acusado, qué partido represente o qué intereses políticos estén detrás del expediente.
Porque si la justicia deja de ser justicia para convertirse en instrumento de revancha política, entonces el problema ya no es César Duarte: el problema es el Estado de derecho.
PARA SER HONESTOS, nunca concebimos que el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya, tuviera realmente posibilidades de convertirse en candidato del PAN a la gubernatura. Durante meses apareció en espectaculares, bardas y otros espacios de promoción, además de que se habló incluso de la publicación de un libro, pero finalmente el escenario político terminó por cerrarle la puerta.
Loya jugó sus cartas y, sobre todo, mantuvo una lealtad prácticamente absoluta hacia la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Esa posición le permitió construir presencia y reconocimiento, pero no necesariamente le alcanzó para convertirse en el aspirante que encabezara el proyecto panista rumbo a 2027. En política, la promoción ayuda, pero no sustituye los acuerdos internos ni las decisiones de quien controla buena parte del tablero.
Lo dijimos en su momento y ahora habrá que preguntarse qué camino le queda al secretario de Seguridad Pública. Una opción sería buscar una candidatura que le permita conservar fuero constitucional; otra, lanzarse por la alcaldía de Ciudad Juárez, aunque ese escenario tampoco parece sencillo. Y una tercera posibilidad sería permanecer en el proyecto estatal y esperar a que el resultado electoral de 2027 determine su siguiente movimiento.
Loya jugó el juego político, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de la mandataria estatal. Eso solamente lo saben ellos. Lo que sí parece evidente es que el escenario rumbo a 2027 comienza a definirse y algunos jugadores ya están entendiendo que no todos tendrán boleto para la elección grande.
Y queda un último detalle, quizá el más importante: hay señalamientos alrededor de la gestión de Loya que merecen ser revisados con seriedad y con documentos en la mano.
Esos temas, por su naturaleza y alcance, merecen una revisión aparte. Porque en política, como en la seguridad, siempre hay un “pero”; y en este caso, ese pero podría terminar siendo determinante para saber cuál será el futuro político del actual secretario.
