FALTA UN un año y algunos días para que María Eugenia Campos Galván concluya su sexenio, y, contra lo que pudiera suponerse en la recta final de cualquier administración, la gobernadora llega a esta etapa con un nivel de empoderamiento político que difícilmente mostraron sus antecesores inmediatos.
La confrontación con el Gobierno Federal, lejos de debilitarla, le ha permitido asumir un discurso de oposición frontal, con argumentos y sin demasiados titubeos, particularmente frente a Morena y a la administración de Claudia Sheinbaum.
Por lo general, el último tramo de un gobierno suele estar marcado por el desgaste. A José Reyes Baeza le pegó el tema de la inseguridad; César Duarte terminó severamente cuestionado por los señalamientos de corrupción, y Javier Corral salió por la puerta de atrás en medio del desgaste político y las acusaciones relacionadas con el manejo de las finanzas públicas.
El ejercicio del poder desgasta, es una regla prácticamente inevitable, pero Campos llega a su último año con una circunstancia diferente: mantiene presencia política y, además, ha construido un discurso opositor que le ha dado una dimensión nacional.
Sin embargo, después del Consejo Político Estatal del PAN celebrado el pasado sábado, el poder político de la gobernadora en Chihuahua comenzará, de manera natural, a compartir espacio con el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza.
La designación de Bonilla como coordinador político estatal del PAN modifica el tablero y coloca en sus manos buena parte de la operación partidista rumbo al proceso electoral de 2027.
Y si el escenario termina de concretarse como todo parece indicar, Bonilla Mendoza será el candidato del PAN a la gubernatura, lo que significa que muchas de las decisiones políticas y electorales importantes tendrán que pasar progresivamente por quien buscará suceder a Campos.
Así funciona la política: cuando aparece el candidato, comienza inevitablemente la transferencia del centro de gravedad del poder hacia quien tiene en sus manos la posibilidad de conservar el gobierno.
La gobernadora cierra fuerte, sí, pero Bonilla también amplía su influencia. Esa fue la decisión de la dirigencia nacional del PAN y el respaldo posterior del Consejo Político Estatal.
No se trata de una ruptura entre ambos personajes, sino de una transición política lógica: Campos seguirá siendo la jefa del Ejecutivo hasta el final de su mandato, mientras Bonilla comienza a asumir el liderazgo electoral del partido que pretende conservar la gubernatura.
RESISTENCIA. Por cierto, la gobernadora elevó nuevamente el tono de la confrontación política después de que su nombre apareciera en una lista difundida por la dirigencia nacional de Morena. Campos interpretó el hecho como una señal de presión política contra las voces opositoras y respondió con uno de los discursos más duros que le hemos escuchado durante los últimos meses.
La mandataria habló incluso de un riesgo de “totalitarismo” y aseguró que los chihuahuenses no permitirán que desde el centro del país se limiten sus libertades. Más allá de la disputa partidista, el mensaje tiene una lectura electoral evidente: Campos está utilizando su posición institucional para colocar a Chihuahua como uno de los principales bastiones de resistencia de la oposición frente al Gobierno Federal.
La referencia al “Chihuahua democrático de 1986” tampoco fue casualidad. La gobernadora recurrió a uno de los episodios más emblemáticos de la historia política contemporánea del estado para construir una narrativa de resistencia frente al poder central. El PAN parece haber encontrado ahí un discurso que puede acompañar su estrategia rumbo a 2027.
Y así, el Consejo Político Estatal no solamente dejó la designación de Bonilla sobre la mesa. También mostró que la sucesión de 2027 dejó de ser una posibilidad para convertirse en una operación política en marcha. El PAN tiene coordinador, tiene estructura, tiene candidato prácticamente definido y, sobre todo, comienza a construir un discurso de confrontación con Morena.
HABLANDO de confrontaciones, el caso de Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado nuevamente ruido político después de las versiones sobre la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.
Hasta ahora, las razones oficiales de una eventual cancelación no están claras públicamente, por lo que cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos con huachicol, lavado de dinero o crimen organizado debe mantenerse en el terreno de las versiones y no de los hechos comprobados.
Lo verdaderamente llamativo es la reacción del propio López Beltrán, quien mediante un mensaje dirigido al Gobierno de Estados Unidos cuestionó duramente a Donald Trump, Marco Rubio y otros integrantes de su administración.
La contradicción política resulta evidente: si, como sostiene, no tiene interés alguno en visitar Estados Unidos, ¿por qué dedicar tanto espacio y energía a cuestionar la decisión de retirarle la visa?
Ahí está precisamente el punto. Una cosa es decir que no interesa viajar a Estados Unidos y otra muy distinta reaccionar con tanta intensidad cuando Washington toma una decisión que afecta personalmente. La explicación de fondo, si existe, tendría que venir de las autoridades estadounidenses y no de especulaciones políticas.
