POR SI EXISTÍAN dudas de que la relación entre la gobernadora María Eugenia Campos y el exfiscal César Jáuregui Moreno estaba completamente rota, ayer quedó claro que no hay, al menos por ahora, ninguna posibilidad de recomponerla y mucho menos de otorgar el perdón político.
La propia mandataria fue contundente al señalar que no se puede pasar por alto que el entonces fiscal actuara por su cuenta y sin informar a la titular del Ejecutivo estatal sobre lo ocurrido en el narcolaboratorio de Morelos, donde se registró la participación de agentes estadounidenses, entre ellos elementos de la CIA. Y si eso no fuera suficiente, queda abierta la posibilidad de que existan otros asuntos relevantes que tampoco fueron reportados oportunamente.
La gobernadora fue más allá al confirmar que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado mantienen abiertas carpetas de investigación relacionadas con Jáuregui y otros funcionarios de la propia institución. El asunto dejó de ser una simple diferencia política para convertirse en un problema con posibles consecuencias legales que podrían alcanzar a quienes participaron en los hechos o tuvieron alguna responsabilidad.
La designación de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía terminó por confirmar el rompimiento. Desde su llegada comenzó la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas, con lo que se desmanteló buena parte del equipo que el exfiscal había colocado y mediante el cual, de alguna manera, habría mantenido influencia en la dependencia.
El mensaje es bastante claro: a César Jáuregui le quitaron el control de la Fiscalía y, con ello, una de las principales plataformas de poder que había construido. Pero el costo podría extenderse al terreno electoral, porque su proyecto para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua quedó comprometido por la distancia con la gobernadora y por las investigaciones que siguen su curso.
No se trata de dar por hecho responsabilidades que deberán determinar las autoridades, pero políticamente el escenario cambió de manera radical. Una eventual candidatura blanquiazul se vuelve más complicada y, hasta ahora, el exfiscal tampoco ha dado señales claras de que contemple buscar otra vía partidista.
En política, las rupturas suelen tener consecuencias; cuando además aparecen expedientes de investigación, el margen de maniobra se reduce todavía más.
EL COORDINADOR estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, ya se cansó de que lo llamen “el narco coordinador” y decidió llevar el pleito al terreno legal.
El alcalde de Juárez con licencia presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral contra la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, y la presidenta del Congreso del Estado, Joceline Vega, por las expresiones que considera calumniosas en su contra.
La estrategia de llamar al adversario “narco partido”, “narco gobierno” o vincularlo con un “gobierno de la muerte” se ha instalado en la confrontación política y ha tenido presencia en la opinión pública. Ahora Cruz pretende que sean las autoridades electorales las que determinen hasta dónde puede llegar ese tipo de señalamientos.
El problema para el morenista es que los calificativos políticos no desaparecen simplemente por presentar una denuncia. La discusión sobre los presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales ha adquirido una dimensión nacional e internacional, con acusaciones, investigaciones y señalamientos que deben distinguirse de las responsabilidades acreditadas judicialmente.
En el caso de Chihuahua, Pérez Cuéllar sostiene que las expresiones de las panistas constituyen una calumnia electoral y busca que se dicten medidas para impedir que continúen.
El siguiente paso, según lo anunciado, podría ser una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por daño moral, con la intención de reclamar una indemnización si logra acreditar los elementos necesarios. La pregunta es si el recurso legal servirá para aclarar los hechos o terminará convertido en otro capítulo de la guerra entre Morena y el PAN. Porque una cosa es el debate político, otra la imputación de delitos y una muy distinta demostrar ante un tribunal que se vulneró el honor de una persona.
LA JUSTICIA federal terminó por cerrar el caso de Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, relacionado con el incendio ocurrido hace más de tres años en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y nueve más resultaron heridas.
Garduño, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentó un proceso que provocó fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de familiares de las víctimas.
Durante el procedimiento no fue encarcelado y, entre las medidas que se le impusieron, estuvo la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Tampoco fue separado de inmediato de su cargo, mientras las familiares de los migrantes de los seguían esperando que el caso produjera consecuencias proporcionales a la tragedia.
El juez también estableció la obligación de ofrecer disculpas públicas a los familiares, un acto que Garduño realizó en la Ciudad de México. Ahora, con el sobreseimiento del proceso, su situación jurídica queda modificada en los términos de la resolución judicial y el procedimiento que enfrentaba llega a su fin.
Para las familias de las 40 personas fallecidas, el cierre judicial no significa que desaparezcan el dolor ni las preguntas sobre la responsabilidad institucional.
La tragedia expuso fallas graves en las condiciones de seguridad y custodia de las personas migrantes, quienes se encontraban bajo responsabilidad del Estado mexicano.
Por eso, la conclusión del proceso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que va más allá de un funcionario: qué consecuencias deben afrontar los servidores públicos cuando una institución a su cargo registra una tragedia de semejante magnitud.
La Cuarta Transformación se ha definido como un gobierno humanista, pero las familias de las víctimas tienen razones para cuestionar si la respuesta institucional estuvo a la altura de esa promesa. La impunidad no se demuestra solamente con una absolución o un sobreseimiento; también se discute a partir de la investigación realizada, las responsabilidades examinadas y la reparación que reciben las víctimas.