DICHO desde dentro de Morena, la marcha convocada para solicitar el juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por la supuesta participación de extranjeros en la incautación y desmantelamiento del narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, se ha convertido en una operación de movilización política de gran escala.
De acuerdo con versiones que circulan entre los propios cuadros morenistas, a los llamados “liderazgos” se les instruyó convocar y aportar hasta mil personas cada uno, una cifra que, al menos en apariencia, luce desproporcionada aun tratándose de una concentración estatal, pues equivaldría a movilizar a varias decenas de miles de asistentes.
Esos liderazgos incluyen a delegados federales, senadores, diputados federales y locales, alcaldes, regidores y, desde luego, a las dirigencias municipales y estatal del partido guinda.
Incluso, a servidores de la Delegación del Bienestar se les habría “invitado” a llevar al menos ocho personas por trabajador, bajo advertencias que, según trascendió, dejaron poco margen para la negativa.
El cálculo interno apunta a que Ciudad Juárez, considerado el principal bastión electoral de Morena en el estado, aportaría el mayor contingente. Se habla del envío de entre 40 y 50 camiones, además de apoyos económicos y alimentos para los participantes.
La movilización en favor del juicio político será, en realidad -o al menos así se espera dentro de Morena-, un auténtico termómetro para medir la capacidad de operación y convocatoria rumbo al proceso electoral de 2027.
Una movilización que además permitirá conocer la verdadera capacidad de convocatoria y movilización del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora con licencia Andrea Chávez, que es lo que realmente importa para ellos y para quienes impulsan esta demostración política.
POR CIERTO, el que permanece en calidad de relegado es el senador de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa, quien busca nuevamente la candidatura a la gubernatura para el 2027 o, por lo menos, la alcaldía de Ciudad Juárez.
Evidentemente no está en la voluntad de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes y, según, no fue convocado a la rueda de prensa donde se presentaron las dos cartas fuertes de Morena para esa candidatura: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez.
Hay que decir que tampoco fue convocado el profesor Martín Chaparro, quien también busca la candidatura, ni la delegada del Bienestar Mayra Chávez, quien podría convertirse en la bateadora emergente si en las listas del vecino país aparecen nombres cercanos a Andrea o a Cruz.
Juan Carlos Loera de la Rosa, expareja de la presidenta nacional de Morena, “no llega ni a la candidatura del comité de su barrio”, según habría dicho en corto durante la reciente comida con Montiel en su visita al estado.
LA DEFINICIÓN reciente y oficial es que el gobierno mexicano no entregará al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ni a los otros nueve personajes señalados por narcotráfico por parte de Estados Unidos.
La postura se sostiene bajo el argumento de la falta de pruebas, aunque jurídicamente las órdenes de aprehensión no se exhiben públicamente antes de ser ejecutadas; permanecen entre el Ministerio Público y el juez.
Una vez presentado el acusado ante la autoridad judicial, entonces sí llega ese momento procesal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo sabe, pero parece apostar por estirar la liga; cuidado, porque también puede romperse.
Ahora, desde el discurso de tribuna y desde la mañanera, ya no se habla de pruebas. El nuevo argumento es que Estados Unidos se ha negado a entregar a delincuentes mexicanos que permanecen en territorio norteamericano.
La presidenta no ha dicho a quiénes solicitó ni mucho menos bajo qué condiciones. Esperemos que no pretenda pedir el regreso de Joaquín Guzmán Loera, sus hijos, Ismael Zambada García o Rafael Caro Quintero, porque el cuestionamiento lógico seguiría siendo exactamente el mismo: ¿para qué y por qué?
