HASTA EL cierre de este material, seguía siendo una incógnita el contenido de la audiencia inicial del exfiscal César Jáuregui Moreno, cuya celebración se mantuvo bajo reserva, sin acceso para los medios de comunicación ni para el público.
El argumento expuesto ante el juzgador es que existen temas sumamente delicados que podrían afectar las relaciones internacionales de México con otros países, lo que de entrada coloca el asunto en un terreno mucho más complejo de lo que se había conocido hasta ahora.
La audiencia estaba programada para las ocho de la mañana, pero el juez modificó el horario para realizarla a las nueve de la noche, con el propósito de que el equipo de abogados de Jáuregui tuviera tiempo suficiente para revisar las carpetas de investigación.
La verdadera dimensión del caso se conocerá cuando salgan a la luz las nuevas acusaciones, porque los primeros indicios apuntan a que podrían ser de extrema gravedad, y no precisamente por el supuesto delito de traición a la patria, que ha sido el argumento más utilizado en el discurso político.
Lo hemos dicho: lo de la traición a la patria parece más un estribillo propagandístico que una acusación jurídicamente sólida, al menos con la información que se conoce públicamente.
Lo verdaderamente delicado es que pudieran sacar los cuatro ases de la baraja en contra del exfiscal, e incluso hay quienes hablan de hasta cinco presuntos delitos de gran calado. Y cuidado, porque una cosa es el discurso político y otra muy distinta el expediente judicial que se pueda integrar en su contra.
No se ven buenos tiempos para César Jáuregui, aunque todo dependerá de lo que finalmente se conozca sobre las investigaciones. Desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había advertido que el asunto no se limitaba a la traición a la patria, sino que existían otras líneas y presuntos delitos por investigar.
Esto apenas comienza y tiene toda la apariencia de convertirse en una historia de terror político y judicial, con muchos capítulos por delante y consecuencias que podrían prolongarse durante meses o incluso años.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván conoce la complejidad del asunto y, más allá de filias, fobias o de las aspiraciones políticas que pudiera tener Jáuregui, sabe que el problema es mucho más delicado de lo que algunos panistas quisieran reconocer.
AYER, un grupo de panistas identificados con el proyecto político del exfiscal se manifestó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN para exigir un posicionamiento más enérgico de la dirigente estatal en defensa de quien hasta hace poco era uno de los personajes centrales del panismo chihuahuense.
Antes, prácticamente el mismo grupo había acudido a Ciudad Judicial para pedir que el exfuncionario enfrentara su proceso en casa; incluso se habló de la recolección de mil 500 firmas para respaldar su liberación.
Desde luego, están en su derecho de manifestarse y exigir la libertad de Jáuregui. La solidaridad con un compañero de partido es entendible y hasta generosa, pero el problema es que las protestas en Chihuahua tienen poco margen de efectividad cuando las decisiones fundamentales se juegan en el Altiplano, a casi mil 800 kilómetros de distancia.
Las consignas y las firmas pueden servir para mostrar respaldo político, pero no sustituyen los argumentos jurídicos ni modifican por sí mismas las determinaciones de los jueces.
POR CIERTO, y dentro del mismo tema, el exalcalde Juan Blanco Saldívar pidió a la dirigencia estatal del PAN suspender la elección de su candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua hasta que César Jáuregui recupere la libertad.
La propuesta abre un frente político innecesario en un partido que ya tiene encima la presión de definir sus cartas rumbo a 2027. Habíamos señalado que Jáuregui podría conservar aspiraciones mientras no exista una sentencia condenatoria que lo inhabilite legalmente, pero una cosa es tener derechos políticos y otra muy distinta estar en condiciones reales de competir.
Esperar hasta que Jáuregui quede en libertad para resolver la candidatura equivaldría a poner en pausa al PAN sin fecha de regreso.
Un proceso penal puede prolongarse durante años y no parece razonable que el partido se quede sin candidato para la elección del próximo año por una decisión condicionada a la situación jurídica de uno de sus aspirantes.
Además, antes de hacer cálculos electorales, es indispensable conocer con precisión cuáles son los delitos que se le imputan, su gravedad y las medidas cautelares que deberá enfrentar.
Salvo que se trate de acusaciones de menor entidad y que existan condiciones jurídicas para que el exfiscal lleve sus procesos estatal y federal en libertad, por ahora no se advierte un escenario favorable para una candidatura, mucho menos si permanece recluido en un penal federal y bajo un régimen político que desde Palacio Nacional ya ha colocado el caso en el centro de la discusión pública.
El PAN tendrá que decidir si defiende a Jáuregui como compañero o si pone por delante sus tiempos electorales, porque ambas cosas podrían terminar chocando. Y mientras no aparezcan las pruebas, los expedientes y las resoluciones correspondientes, el caso seguirá atrapado entre la propaganda, las sospechas y una disputa política que apenas empieza.