ES CASI un hecho que durante la primera semana de noviembre haya definiciones electorales en el Partido Acción Nacional para establecer el método de selección o designación de quien será el defensor municipal y, posteriormente, candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
La decisión no será sencilla, sobre todo por la polarización interna que se ha venido acumulando, el evidente respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, la salida del gabinete de Rafael Loera y el arresto del exfiscal César Jáuregui Moreno, acontecimientos que han movido las piezas del tablero político estatal. No es un asunto menor, porque cada movimiento tiene sus propias consecuencias y los grupos internos también cuentan.
Del resto de los aspirantes, por lo que hasta ahora se conoce, el diputado Alfredo Chávez buscaría una diputación federal; Alán Falomir, desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, iría por una diputación local, mientras que el también legislador Jorge Soto estaría perfilado para la sindicatura.
Quedarían en una especie de limbo político María Angélica Granados, Rafael Loera y el diputado Carlos Olson, cuyos nombres todavía aparecen en las quinielas, aunque sin una definición clara.
El primer escenario sería mantener la apuesta por Santiago de la Peña, pese a la turbulencia política y las diferencias que persisten entre los seguidores de Jáuregui Moreno y otros grupos del panismo.
La otra posibilidad sería buscar un perfil identificado con el panismo de toda la vida, donde aparece Alfredo Chávez, coordinador de la bancada albiazul en el Congreso local, con experiencia legislativa y de negociación política.
María Angélica Granados también podría entrar en la discusión, entre otras razones por el factor de género, su experiencia como alcaldesa suplente y su relación con distintos sectores, aunque se comenta que su cercanía con la gobernadora ya no atraviesa su mejor momento.
Y todavía queda una tercera alternativa: que el PAN opte por un perfil ajeno a la política partidista, pero con presencia en el sector empresarial. No sería la primera vez que se recurre a una figura de ese tipo ni, seguramente, la última.
Por lo pronto, la gobernadora María Eugenia Campos, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y Marco Bonilla Mendoza estuvieron ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la Ciudad de México. Es razonable pensar que la sucesión municipal estuvo entre los asuntos de la agenda, aunque hasta ahora no hay una confirmación pública de los temas abordados. Habrá que esperar la decisión de los liderazgos panistas y conocer si logran construir un acuerdo que evite mayores fracturas.
POR CIERTO, el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, estaría a días de solicitar licencia para buscar la candidatura a la diputación federal por el distrito 02, con cabecera en Ciudad Juárez.
Estrada había buscado la candidatura a la Presidencia Municipal fronteriza, pero esa contienda tomó otro rumbo ante el respaldo que, según las versiones políticas, la dirigencia nacional de Morena ha dado a la senadora Andrea Chávez.
De concretarse la licencia, será llamado su suplente, Roberto Bribiescas Medrano, para asumir la curul, mientras la bancada morenista tendrá que resolver quién ocupará la coordinación parlamentaria.
Una salida abre otra disputa, porque en Morena los movimientos rumbo a 2027 no solamente se están dando en las candidaturas, sino también en el control de sus posiciones legislativas.
EN LA SERIE TADDEI, la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz, informó que doce personas que trabajaban en el círculo más cercano de la expresidenta Guadalupe Taddei presentaron sus renuncias voluntarias.
Además, señaló que se analizará si procede retener sus finiquitos en caso de que exista alguna relación con auditorías en curso.
Entre quienes dejaron sus cargos se menciona a Carlos Daniel Luna Rosas, identificado con Morena, quien pasó de asesorar a representantes de ese partido ante el Consejo General a desempeñarse como jefe de oficina de Taddei.
También han surgido señalamientos sobre la contratación de personas cercanas, asuntos que deberán revisarse con documentos y procedimientos formales, no solamente a partir de versiones públicas.
La pregunta obligada es por qué renunciaron y si esas salidas responden únicamente a una decisión personal o a otras circunstancias. La autoridad electoral tiene la responsabilidad de investigar cualquier posible irregularidad y proceder conforme a derecho.
Porque una renuncia, por sí sola, no demuestra culpabilidad, pero tampoco debe convertirse en una salida cómoda que permita cerrar expedientes o eludir responsabilidades.
Si existen auditorías pendientes, deben concluirse y sus resultados hacerse públicos en el marco de la ley; de lo contrario, el finiquito podría terminar pareciendo un premio antes que el cierre administrativo de una relación laboral.