A LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo se le notó molesta por no haber sido informada sobre la presencia de agentes de la embajada de Estados Unidos que fallecieron el fin de semana en un accidente vial en la región serrana de Chihuahua. Y tiene razón.
La desinformación en un tema de seguridad de ese calibre no sólo exhibe fallas en la coordinación, sino que deja al descubierto grietas dentro de su propio gabinete, en donde tendrían que fluir los datos con precisión quirúrgica, más aún cuando ella encabeza a las fuerzas armadas.
La responsabilidad alcanza a la Fiscalía estatal de Chihuahua y al propio Ejército Méxicano, que participó en el operativo y en donde la presidente es la comandanta en Jefe. Culpar a Chihuahua y su narrativa de disinformación debería a sus generales militares.
El hecho es tan lamentable como delicado. En el convoy viajaban agentes estatales, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación, y también dos ciudadanos norteamericanos identificados por su embajada.
El vehículo se desbarrancó tras un operativo en el que se aseguraron laboratorios de metanfetaminas que, por su dimensión, estarían entre los más grandes detectados en el país.
Sin embargo, mientras la presidenta afirma no tener conocimiento, el fiscal estatal César Jáuregui Moreno sostiene que los estadounidenses no participaron y que se encontraban a varias horas de distancia. Las versiones no sólo chocan, se anulan entre sí.
Las preguntas son inevitables: ¿por qué viajaban en el convoy?, ¿qué hacían en esa zona remota?, ¿por qué sin un esquema claro de operación? .
Lo único evidente es que no estaban de paseo. La narrativa de la soberanía vuelve a tensarse frente a una realidad conocida: la participación de agencias estadounidenses en operativos contra el crimen organizado en territorio nacional.
Minimizar o negar esa intervención no abona a la transparencia, sobre todo en un episodio que, aunque exitoso en resultados operativos, terminó en tragedia con la muerte de agentes mexicanos y extranjeros.
EN EL RECIENTE Consejo Político Estatal de Morena, se aprobó un acuerdo que, en los hechos, repite lo que ya está escrito en sus estatutos: que la designación de coordinadores de la defensa de la llamada Cuarta Transformación debe ser imparcial y recaer en los mejores perfiles.
Dicho así suena impecable, pero también innecesario. ¿Para qué reafirmar algo que ya existe en los documentos básicos? La respuesta parece obvia: porque en la práctica no se cumple.
El mensaje no fue institucional, fue político. El Consejo -de mayoría identificada con el grupo de Cruz Pérez Cuéllar- mandó una señal directa a la dirigente estatal Brighite Granados, presidenta estatal de Morena.
A ella se le ubica más cercana a la aspiración por la candidatura del estado de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño que a otros proyectos internos.
La supuesta neutralidad se convierte así en un llamado de atención disfrazado de acuerdo partidista.
El problema es de fondo: hay dos rutas dentro del partido que avanzan en paralelo y que inevitablemente van a colisionar.
Consejo y dirigencia operan como trenes en vías distintas, con agendas propias y lealtades marcadas. El desenlace no apunta a una conciliación tersa, sino a un choque que puede dejar heridas políticas profundas rumbo al 2027.
LA AGRUPACIÓN Femenil Manos Amigas A.C. alcanza cuatro décadas de trabajo social en Chihuahua, consolidándose como una de las organizaciones civiles con mayor arraigo en el fortalecimiento comunitario. Aunque su formalización legal ocurrió en 1986, su labor comenzó desde 1978, cuando un grupo de mujeres inició recorridos en colonias vulnerables para ofrecer asistencia directa.
En tiempos donde el respaldo institucional era escaso, su trabajo se sostuvo a base de voluntariado, donaciones y organización comunitaria. Fueron y son ejemplares en busca de sanar el roto tejido social.
Colonias como Los Pinos, Campesina, Cerro de la Cruz, San Jorge y Martín López fueron testigo de sus primeras intervenciones, centradas en apoyos básicos, pero también en la construcción de tejido social.
Con el tiempo, la organización evolucionó hacia un modelo más integral, dejando atrás el asistencialismo puro para enfocarse en el desarrollo humano, la prevención del delito y la promoción de la cultura de la legalidad.
Programas como “Pequeños Grandes Agentes de Cambio” y “Seamos Agentes de Cambio” reflejan esa transición, al apostar por la participación ciudadana y la formación de entornos más sólidos. Desde 2017, su modelo se estructura en ejes como la crianza positiva, la integración familiar y la atención psicológica, confirmando que la incidencia social sostenida no depende sólo de recursos, sino de visión, constancia y compromiso comunitario.
