Por Luis SILVA GARCÍA
CD.- JUÁREZ CHIH.- Cuando las reglas del juego se establecen, no de acuerdo a lo que dicta el sentido común, ni a los beneficios de las mayorías, sino a intereses particulares, o de grupos, es que las reglas se vuelven parciales y símbolo de regresión autoritaria.
Y esto es lo que está sucediendo de forma clara en México, no ahora, sino desde que el grupo de Morena llegó al poder y estableció un frente de lucha contra todos los avances en materia de participación ciudadana y ejercicio de autonomía en los asuntos públicos.
Y no es que los intentos de aplicación de la democracia en las sociedades no hayan tenido errores y excesos en la historia, claro que los han tenido, pero también es muy cierto que las comunidades que muestran mayores avances en su forma de vida, siempre van creciendo de manera paralela con una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y esta se refleja en órganos autónomos fuertes y sanos, en elevados índices de rendición de cuentas de los gobernantes, en sistemas de consulta universales y serios, en transparencia del ejercicio público, en cumplimiento de la ley, en supresión de la demagogia y de la mentira.
En México, antes que avanzar en estos caminos que apuntan hacia la evolución del ser humano, parece que nos enfilamos con celeridad hacia el oscurantismo, y ejemplo claro de ello es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, hace solamente unos días, de reformas legales que parecen hechas a la medida de los que detentan el poder, en sus intereses facciosos, y no en la protección de los derechos de los seres humanos, para lo que deben estar hechas las normas y por lo que deben trabajar los gobernantes, máxime aquellos que han resultado electos por la voluntad de las mayorías, ejercida en el derecho al voto.
Si no es así, entonces ni votos, ni leyes sirven más que para adornar los laureles de los gobernantes, como ha pasado en repetidas ocasiones con sistemas de gobierno de países que han perdido, de facto, su autodeterminación, en manos de regímenes militares, o emperadores, o dictadores, o caudillos, o entes poderosos que detentan el mando pero no respetan al pueblo, sino que lo mantienen bajo su control para sus intereses particulares.
Las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, así como la adición al artículo 9 de la Ley de Amnistía, se muestran como medidas extraordinariamente regresivas, impuestas de último momento por el gobierno saliente de López Obrador, en continuidad, claro, con el entrante de Claudia Sheinbaum.
En el caso de la Ley de Amnistía se está dejando prácticamente un cheque en blanco al Presidente de la República, quien podrá determinar y decidir una amnistía para personas que aporten información que contribuya a esclarecer la verdad sobre hechos que puedan ser de interés para el Estado Mexicano. Así de general y podrá interpretarse a como les convenga.
Dicha facultad puede suponer un arma tremenda en manos del Presidente de la República, de la cual le puede servir para amenazar a enemigos políticos o inventar testimonios con sus consecuencias; y puede que testigos, habiendo sido ya sentenciados, por este instrumento lleguen a beneficiarse si aportan información.
La amnistía se podrá ejercer como una venganza, es decir, una herramienta en contra de personas que les sean políticamente incomodas a quienes detenten el poder.
Pero así como ahora la amnistía se puede usar para atacar enemigos, también se podrá usar para beneficiar a los allegados, pues se puede generar impunidad para el propio bando, procurar protección para familiares del Presidente y personas que comulguen con sus ideas y compartan su filiación partidista.
Entonces, si se llegan a comprobar los malos manejos que se han difundido de familiares y allegados a López Obrador, pues eso ya nos les preocupa, porque podrán gozar de este perdón presidencial.
Pero además, y dado el clima de corrupción que ha crecido durante años en nuestro país, existe el riesgo de que se puedan llegar a vender los perdones, y quienes tengan recursos podrán comprar su amnistía, pues está dependerá de la decisión de una persona, sin que nadie le estorbe para este jugoso negocio. Y ¿quién pude requerir y llegar a ofertar por este tipo de amnistía? Pues claro, la delincuencia organizada.
Esta determinación de facultades tan omnímodas, tan amplias, para el mandatario, tienen claros aspectos de inconstitucionalidad, pues establece potestades que arrasan derechos fundamentales, y también muestra tintes de inconvencionalidad, y ya en ocasiones anteriores la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de amnistías que generan impunidad cuando dejan en el desamparo a victimas del delito.
Y de ninguna manera la figura de la amnistía es incorrecta, claro que no, existe en el Derecho Comparado y esta prevista en diversos países democráticos del mundo, sin embargo, siempre está sujeta a un procedimiento, a supervisión, al dialogo entre órganos autónomos o incluso a considerar la posición del poder judicial, quien también tiene su punto de vista.
Pero ahora en México se decidió que el Presidente, única y exclusivamente bajo su propio criterio, sea el que, en supuestos casos, en términos muy amplios, decida a quien otorgar la amnistía. Esto es un grave riesgo.
Y en el caso de la Ley de Amparo, las modificaciones a los artículos 129 y 148, ya publicadas, limitan los efectos generales de la medida cautelar suspencional, en la tramitación del juicio de amparo, que es la suspensión del acto reclamado.
Eliminar el carácter de generalidad del amparo parece más una medida contra el Poder Judicial Federal, para establecerle un limite de facultades, cuando se trata de una esfera que el Presidente López Obrador no ha podido someter bajo su control, y lo ha manifestado descaradamente, y ha utilizado en múltiples ocasiones adjetivos tremendamente injustificados contra el Poder Judicial Federal, al cual no ve como balance de fuerza natural, como debe ser, sino, en su febril mentalidad, como un rival a vencer. Y así lo refleja en sus iniciativas legales que ahora hace realidad.
Queda México, de esta forma, en manos de mentalidades que contemplan a la Nación como su coto de poder, pues esta reforma va en sentido totalmente inverso, contrario, a lo que se ha avanzado en materia de amparo universalmente y en nuestro país desde hace 40 años.
Se trata de una reforma regresiva que limita y debilita el juicio de amparo, y deja en indefensión a las personas ante los actos arbitrarios del poder.
Supone, por todo, una especie de venganza a las decisiones que ha tomado el Poder Judicial de la Federación y que no han sido del agrado del Presidente, del grupo en el gobierno y de la mayoría a su favor en el Congreso de la Unión.
De ninguna manera se justifica que en los últimos días de la legislatura, en el último periodo de sesiones, de manera fast track, se realicen estas reformas, sin un adecuado análisis, sin escuchar a especialistas, sin convocar a mesas públicas de debate, sin haber convocado a un parlamento abierto.
Varios especialistas han insistido en que hay que entender que para que el amparo sea útil, hay que aplicarlo a una generalidad, y el amparo particular se puede convertir en un arma de conveniencia. Ese es ahora el riesgo en México, se trata de un atropello al orden constitucional, por cierto, uno más de los cometidos en este sexenio.
Como todo estado democrático, México necesita tener herramientas de protección, garantía y tutela de los derechos de todas las personas. El juicio de amparo es la herramienta, por excelencia, de defesa de nuestros derechos humanos, y así debe de seguir siendo.
Ahora lo que esta en riesgo es nuestro patrimonio jurídico; no se vale que los políticos, en sus afanes de venganza y de satisfacer sus propias agendas, nos estén cercenando el acceso a un instrumento tan importante como es el juicio de amparo.
Ante la situación y los hechos, los mexicanos debemos preguntarnos qué esconden, por qué tanto apuro en medidas proteccionistas a su favor, qué manto de impunidad requieren ahora que se van. En su conciencia lo llevarán.
